El gobierno canadiense acusa a la firma tecnológica de omitir alertas sobre la conducta violenta del agresor
El gobierno provincial de Columbia Británica interpuso formalmente una demanda legal en Estados Unidos contra la empresa OpenAI, acusando a la firma de negligencia por no notificar a las fuerzas de seguridad sobre las interacciones violentas en ChatGPT realizadas por el responsable del letal tiroteo en una escuela de Tumbler Ridge, donde murieron ocho personas. La fiscal general canadiense, Niki Sharma, encabeza la acción judicial que exige responsabilizar al gigante tecnológico por omitir avisos oportunos a las autoridades policiales antes de que se concretara la masacre en la comunidad.
Las investigaciones señalan que la compañía estadounidense identificó y suspendió una cuenta vinculada al agresor Jesse Van Rootselaar desde mediados del año pasado debido al contenido peligroso detectado en sus conversaciones con el modelo informático. A pesar de haber aplicado el bloqueo del perfil, OpenAI decidió no dar aviso inmediato a la Policía Montada de Canadá, argumentando internamente en su momento que no percibió elementos que indicaran un ataque armado inminente contra la escuela.
El director ejecutivo de la empresa tecnológica, Sam Altman, ofreció disculpas públicas a la población afectada por el ataque, admitiendo que los procedimientos internos fallaron al no alertar de forma oportuna a las corporaciones policiacas locales. La compañía aseguró posteriormente haber actualizado de forma rigurosa sus protocolos de seguridad informática para garantizar que cualquier indicio de violencia detectado en sus servidores sea remitido de inmediato a las autoridades.
Este recurso promovido por la provincia canadiense se suma a decenas de reclamos presentados por familiares de las víctimas, quienes exigen compensaciones económicas y una regulación estricta a las plataformas de inteligencia artificial comercializadas. Los tribunales estadounidenses deberán determinar la responsabilidad legal de la firma creadora del bot conversacional, en lo que representa un precedente judicial decisivo para fijar los límites operativos de la tecnología a escala global.
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