Con Harvard no se juega, por Daniel Zovatto

La administración de Donald Trump ha desatado una nueva confrontación institucional. Esta vez, el blanco es Harvard, la universidad más antigua y una de las más prestigiosas de Estados Unidos, a la que la Casa Blanca intentó revocar el derecho a admitir estudiantes internacionales, en un movimiento que expertos califican como parte de una estrategia más amplia para someter a las instituciones académicas a un proyecto ideológico autoritario.

La medida fue orquestada desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado por Kristi Noem, y pretendía cancelar de inmediato el programa de intercambio internacional de Harvard, afectando directamente a más de 6 mil 800 estudiantes extranjeros, que constituyen el 27% de la matrícula total. La decisión amenazaba con desmantelar parte esencial de la estructura académica y científica de la institución.

Una respuesta firme y una victoria judicial
Harvard, fiel a su historia y reputación, respondió con rapidez y firmeza: demandó al Gobierno federal, denunciando una “acción ilegal e injustificada”. El caso fue llevado ante un tribunal en Boston, donde una jueza federal concedió una suspensión cautelar de la orden, al reconocer el “daño inmediato e irreparable” que supondría su ejecución.

Aunque el fallo representa una victoria inicial para la universidad, el conflicto está lejos de resolverse. La decisión judicial ha sido leída como un freno momentáneo a una ofensiva sistemática contra la autonomía universitaria.

No es una disputa coyuntural, es una ofensiva ideológica
Este episodio no puede entenderse como una diferencia administrativa entre una universidad y el Ejecutivo. En realidad, forma parte de una estrategia más profunda para debilitar a los centros de pensamiento crítico y científico, según advierten especialistas en derechos civiles y libertad académica.

Harvard fue seleccionada no solo por su peso simbólico, su influencia global y su patrimonio económico —con un endowment superior a los 53 mil millones de dólares—, sino también como prueba de fuerza: si Trump lograba doblegar a Harvard, difícilmente otras universidades podrían resistir.

Castigo ideológico y hostigamiento institucional
La ofensiva contra Harvard se ha acompañado de acusaciones ideológicas, como supuestos vínculos con “antisemitismo”, “terrorismo” y hasta “colaboración con el Partido Comunista Chino”, a raíz de la participación de estudiantes extranjeros —con visas F-1 y J-1— en protestas propalestinas. El DHS llegó incluso a exigir los nombres y datos personales de los estudiantes involucrados, lo que ha sido calificado como una violación grave a la privacidad y los derechos civiles.

Este intento de censura y vigilancia tiene lugar dentro de una retórica populista que desprecia a las élites educativas, estigmatiza la diversidad y busca imponer una “pureza ideológica” nacionalista, en línea con los postulados del trumpismo. La “guerra contra la ideología woke” ha colocado a las universidades, especialmente las más prestigiosas, en el centro del discurso político del expresidente.

La universidad responde con dignidad
El presidente de Harvard, Alan Garber, reiteró el compromiso de la institución con su comunidad internacional, señalando que sin los estudiantes extranjeros, “Harvard no sería Harvard”. Afirmó que la diversidad cultural y la libertad de pensamiento son pilares de la excelencia académica que define a las mejores universidades del mundo.

La respuesta institucional ha sido respaldada por otras universidades, defensores de derechos civiles y organizaciones educativas, que ven en este caso una advertencia: lo que hoy ocurre con Harvard puede repetirse con cualquier otra universidad que no se pliegue a los lineamientos ideológicos del poder.

Escalada de presión desde la Casa Blanca
Tras el revés judicial, la Casa Blanca ha congelado más de 2 mil 700 millones de dólares en fondos federales destinados a Harvard y ha amenazado con retirar su exención fiscal. Además, se ha convocado una nueva audiencia en julio por una segunda demanda, en la que el Gobierno exigirá supervisión ideológica interna y medidas disciplinarias contra profesores y estudiantes.

Lo que está en juego
El conflicto trasciende el caso particular de Harvard: pone en riesgo el modelo de universidad libre, crítica e inclusiva que ha sido emblema del desarrollo científico y democrático. La autonomía universitaria, la libertad de expresión y el pensamiento global son los valores que hoy están siendo desafiados.

Harvard ha ganado una batalla crucial, pero la defensa de la libertad académica exige una respuesta colectiva. “Hoy es Harvard. Mañana puede ser cualquiera”, advierten analistas. Y tienen razón. Ante el autoritarismo, la resistencia universitaria se vuelve una defensa esencial de la democracia misma.