Ketty Castro Cáceres fue declarada culpable de estafa, falsificación y uso malicioso de instrumento público tras mantener oculto el cuerpo momificado de su madre y cobrar prestaciones a su nombre
La justicia de Chile condenó a Ketty Castro Cáceres por mantener durante aproximadamente 11 años el cadáver momificado de su madre dentro de una vivienda en Curicó, en la Región del Maule, con el objetivo de continuar cobrando su pensión y otros beneficios estatales.
El Tribunal Oral en lo Penal de Curicó declaró a Castro Cáceres culpable de los delitos de estafa, falsificación y uso malicioso de instrumento público. De acuerdo con la Fiscalía, la mujer utilizó la huella dactilar de su madre, Ketty Cáceres Barra, para falsificar documentos que posteriormente presentó ante la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
Las autoridades determinaron que Castro consiguió recibir alrededor de 26 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 27 mil dólares, mediante el cobro de la pensión de su madre entre 2013 y 2017. Las falsificaciones incluían cartas mediante las cuales supuestamente la mujer fallecida autorizaba a su hija para cobrar su jubilación.
La investigación también estableció que Castro habría utilizado mecanismos similares para obtener otras prestaciones estatales durante la pandemia de COVID-19.
El caso salió a la luz en 2021, cuando el hijo de Castro presentó una denuncia por presunta desgracia debido a la desaparición de su abuela, a quien había visto por última vez en 2010. La mujer, que padecía cáncer, había sido quien crió a su nieto desde que era pequeño.
El paradero del cuerpo fue descubierto después de una discusión entre Castro y su hijo. Posteriormente, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizó diligencias en la vivienda y encontró el cadáver momificado de la adulta mayor.
Las pesquisas de la Brigada de Homicidios de la PDI determinaron que la mujer había fallecido aproximadamente en 2011. Los peritajes no encontraron lesiones que permitieran atribuir su muerte a terceras personas, por lo que la investigación descartó que hubiera sido víctima de un homicidio.
La Fiscalía sostuvo que Castro continuó realizando trámites y cobrando prestaciones después de la muerte de su madre, mientras mantenía oculto el cuerpo en el domicilio. La mujer había comenzado a percibir su pensión desde años antes de su fallecimiento.
Durante el proceso judicial, la defensa intentó argumentar una eventual inimputabilidad penal por enajenación mental. Sin embargo, los peritajes psicológicos realizados por el Servicio Médico Legal descartaron esa posibilidad.
Castro fue detenida en 2022 por su posible participación en los hechos. Tras el juicio, el tribunal determinó su responsabilidad penal por los delitos relacionados con el fraude y la falsificación de documentos.
La pena que deberá cumplir será determinada formalmente durante la lectura de sentencia programada para el 25 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó.
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