Confirma Sheinbaum denuncias penales contra César Duarte por robo de agua en Chihuahua
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que existen denuncias penales contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por el robo de agua en su rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre el caso y afirmó que se trata de una práctica ilegal que afecta directamente a comunidades que enfrentan escasez de agua.
“Eso se llama robo de agua. Sí, hay denuncias penales correspondientes a lo que se encontró en este y otros casos. No puede ser, menos en un lugar donde hay escasez, que un particular que fue gobernador se apropie de agua a costa de agricultores, ganaderos y del uso humano del recurso”, declaró Sheinbaum.
La jefa del Ejecutivo federal también reveló que en diversas regiones del país se ha detectado que empresas comercializan agua sin contar con los permisos correspondientes, lo que calificó como una práctica extendida y grave. Aseguró que las denuncias administrativas y penales seguirán su curso conforme se vayan integrando más pruebas.
Construcción ilegal de infraestructura hidráulica
La semana pasada, Sheinbaum Pardo había señalado públicamente que Duarte construyó de forma ilegal una presa, cinco represas y un pozo en su propiedad, para desviar 700 mil metros cúbicos de agua del río Conchos, con fines personales.
Esa cantidad, apuntó, corresponde a una parte crítica de la cuenca del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos, que regula el uso y entrega de agua entre ambos países. La acción representa no solo un delito ambiental, sino un riesgo diplomático para México.
Duarte Jáquez se encuentra actualmente enfrentando un proceso penal por peculado y asociación delictuosa, por hechos ocurridos durante su mandato como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016. Desde su extradición desde Estados Unidos, el exmandatario ha acumulado nuevas denuncias por presunto desvío de recursos y corrupción.
La Presidencia no descartó que, conforme avancen las investigaciones, otras figuras públicas o funcionarios involucrados en la apropiación ilegal de recursos hídricos sean también procesadas.
