Congelan cuentas de Hernán Bermúdez Requena y su red por presunto lavado de dinero y corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ordenó el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco, así como de sus familiares, socios y empresas relacionadas.
La medida forma parte de una investigación por presunto lavado de dinero, corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita, iniciada al comienzo de la actual administración federal.
Según fuentes oficiales, se detectaron transferencias atípicas, movimientos financieros inusuales y la posible utilización de esquemas de simulación fiscal que habrían servido para ocultar el origen real de los fondos.
Casas de apuestas también fueron intervenidas
En paralelo a estas acciones financieras, la Secretaría de Gobernación (Segob) ordenó la suspensión de operaciones de varias casas de apuestas, presuntamente vinculadas con familiares del exfuncionario tabasqueño. Los establecimientos operaban tanto en línea como de manera presencial, en distintos estados del país.
Estas casas de apuestas estarían implicadas en una red de operaciones sospechosas y triangulación de recursos, con flujos de dinero que no corresponden a las declaraciones fiscales presentadas por sus propietarios y operadores.
Investigación de alcance nacional
El caso ha llamado la atención de autoridades federales, ya que involucra una red financiera que se extiende más allá de Tabasco, con vínculos en otros estados del sureste y centros financieros como Ciudad de México y Monterrey.
Aunque hasta el momento no se ha emitido una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, las autoridades no descartan judicializar el caso en los próximos días, dependiendo del avance de las indagatorias y de la cooperación con instancias internacionales, en caso de haber fondos en el extranjero.
La UIF reiteró que mantendrá vigilancia sobre servidores públicos y exfuncionarios que muestren discrepancias patrimoniales o estén relacionados con actividades financieras irregulares.
