Congreso aprueba reforma que otorga mando militar a la Guardia Nacional
El Congreso de la Unión aprobó una reforma legal que consolida el control de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), formalizando su carácter como fuerza de seguridad con estructura y dirección militar. Esta decisión marca un cambio importante en la estrategia de seguridad nacional y reaviva el debate sobre la militarización de las tareas de seguridad pública en México.
Con una mayoría calificada en ambas cámaras, la reforma modifica diversas disposiciones legales para transferir plenamente la operación, formación, organización y mando de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas. Aunque la Guardia Nacional fue creada originalmente como una corporación de carácter civil con disciplina militar, esta nueva reforma elimina esa ambigüedad y la integra formalmente a la estructura de la Defensa Nacional.
Entre los aspectos más destacados de la nueva legislación se encuentra la autorización para que la Guardia Nacional realice labores de inteligencia, vigilancia encubierta, intercepción de comunicaciones y análisis estratégico, facultades que anteriormente estaban restringidas a otras dependencias. También se amplían sus atribuciones para participar en tareas de combate al crimen organizado, protección de infraestructura estratégica y apoyo a autoridades locales en casos de emergencia o crisis.
Los legisladores que promovieron la reforma argumentan que esta medida busca consolidar una institución eficiente, disciplinada y con plena capacidad operativa para hacer frente al reto de la inseguridad en diversas regiones del país. Señalan que el mando militar garantiza una mayor profesionalización, control jerárquico y coordinación con otras instancias de seguridad, como el Ejército, la Marina y las fiscalías estatales.
Por su parte, diversas voces de la oposición y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las implicaciones de esta reforma, alertando sobre los riesgos de que se debiliten los mecanismos de control civil y de rendición de cuentas en el uso de la fuerza. También se han planteado dudas sobre la permanencia de los militares en tareas que originalmente debían ser transitorias.
El gobierno federal ha defendido la decisión como una medida necesaria ante la complejidad del crimen organizado y la falta de resultados en estrategias anteriores basadas exclusivamente en corporaciones civiles. Aseguran que la Guardia Nacional mantendrá una vocación de proximidad social y respeto a los derechos humanos, pero con una capacidad operativa fortalecida.
La reforma entrará en vigor en los próximos días, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación. Se prevé una fase de transición administrativa y ajustes logísticos para completar la incorporación de estructuras y personal bajo la coordinación directa de la Sedena.
Este cambio representa uno de los movimientos más relevantes en materia de seguridad durante el inicio del nuevo sexenio y establece un precedente en la relación entre las fuerzas armadas y las instituciones civiles del país.
