Constructora incumple acuerdo en Privada Kiamy
Empresa constructora incumplió el acuerdo de reparación de daños en la privada Kiamy, donde tres familias siguen esperando respuesta por los perjuicios provocados en sus propiedades debido a la obra de un canal pluvial.
A más de un año de haber comenzado los trabajos en la zona, la inconformidad vecinal crece ante lo que consideran una burla por parte de la constructora y la falta de vigilancia por parte de las autoridades.
La compañía involucrada es Napreco, responsable de la construcción del canal hidráulico que ejecuta el Gobierno del Estado en el sector conocido como El Caliche, en Guaymas. Hace tres meses, tras una serie de quejas públicas, Napreco firmó una carta compromiso en la que reconoce los daños ocasionados por maniobras de excavación, demolición y el paso constante de maquinaria pesada dentro de la privada ubicada en Serdán y calle Nueve.
En el documento, la constructora se comprometió por escrito a cubrir la totalidad de las afectaciones estructurales y materiales a las viviendas colindantes. Sin embargo, hasta ahora no ha cumplido, denuncian los vecinos.
El acuerdo fue logrado luego de una protesta vecinal que incluyó el bloqueo del paso a camiones de la empresa con vehículos particulares, luego de que una de las familias detectara cuarteaduras graves en su casa y daños severos en su patio.
“Ya causaron los daños y estamos cansados de esperar una respuesta”, expresó Rosa, una de las residentes afectadas.
Por el conflicto, elementos de la Policía Municipal han tenido que intervenir para mediar porque ha habido bloqueo de obra lo que pudiera repetirse si Napreco no cumple la carta compromiso.
Fueron representantes de la compañía los que firmaron el documento, ante la presión comunitaria y aceptaron que sus trabajos dañaron casas.
Los vecinos también interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, argumentando omisión de las autoridades estatales y violación a su derecho a la vivienda y el patrimonio.
Aunque el caso sigue en revisión, la firma del compromiso contuvo las protestas por meses, sin embargo, los empleados que accedieron a pagar por la afectación no han regresado.
Los afectados demandan que el cumplimiento del acuerdo sea supervisado por una autoridad imparcial y que se informen públicamente los avances.
También exigen garantías de que no habrá más afectaciones conforme continúen las obras.
“Queremos soluciones estamos a favor del progreso pero no que se dañe nuestro patrimonio”, reiteraron.
El proyecto es financiado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con el propósito de mitigar inundaciones en esa zona vulnerable, pero su ejecución ha provocado malestar por los daños colaterales.
Hasta ahora, ni la empresa ni el Gobierno del Estado han emitido una postura pública sobre el incumplimiento del acuerdo firmado con los vecinos.
