El tribunal regional señaló que los Estados deben regular y supervisar la comercialización de armas para evitar que lleguen al mercado ilegal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos respaldó la estrategia de México contra el tráfico ilícito de armas al emitir una opinión consultiva en la que establece que los Estados deben actuar con “debida diligencia” para regular, supervisar y fiscalizar la comercialización de armas de fuego, incluso cuando participan empresas privadas.
El pronunciamiento señala que los gobiernos tienen la obligación de implementar medidas eficaces para evitar que las armas se desvíen al mercado ilegal, entre ellas sistemas de marcaje, registro y rastreo que permitan identificar su origen y circulación.
Asimismo, la Corte subrayó que los Estados deben garantizar recursos judiciales efectivos para las víctimas de la violencia armada y fortalecer la cooperación internacional para combatir el tráfico ilícito de armas.
Aunque la opinión consultiva no es vinculante, representa un respaldo a la estrategia legal impulsada por el Gobierno de México desde 2022, cuando solicitó al tribunal interpretar la responsabilidad de fabricantes y distribuidores de armas, así como las obligaciones de los Estados para prevenir la violencia asociada a su tráfico.
El criterio internacional también refuerza los argumentos de México en litigios contra empresas de armas en Estados Unidos, al considerar que decisiones comerciales negligentes pueden influir en la violencia armada y afectar derechos fundamentales como la vida y la integridad personal.
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