La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, al concluir que el uso de una ley de emergencia para imponer gravámenes masivos excede las facultades ejecutivas y corresponde al Congreso, en un importante revés para la política comercial del mandatario.
La decisión fue adoptada por una mayoría de 6 contra 3 y supone un golpe a una de las principales herramientas arancelarias de su agenda económica.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este viernes que los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, al considerar que su administración se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para establecer gravámenes amplios sobre productos importados de socios comerciales.
En una sentencia emitida con una mayoría clara de 6 jueces contra 3, el alto tribunal, liderado por el presidente de la Corte John Roberts, concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, invocada por Trump para imponer los aranceles, no autoriza al Ejecutivo a gravar importaciones de manera unilateral en tiempos de paz, ya que esa facultad constitucional corresponde al Congreso de la Unión.
El fallo representa un duro revés a la política comercial de Trump, que utilizó los aranceles como herramienta central para presionar a países en disputas comerciales y como parte de su estrategia económica desde que regresó a la Casa Blanca en 2025. La invalidación alcanza los gravámenes considerados “recíprocos” y de alcance global, aunque no necesariamente afecta aranceles aplicados bajo otras leyes específicas para sectores como acero o aluminio.
La sentencia plantea interrogantes sobre la posibilidad de que Estados Unidos tenga que reembolsar montos cobrados bajo los aranceles ahora declarados ilegales y abre una etapa de incertidumbre jurídica y económica tanto para importadores como para socios comerciales del país norteamericano.
Trump criticó la decisión en declaraciones públicas, calificándola de “decepcionante” y rechazando la interpretación del tribunal, aunque anticipó que su administración explorará otras vías legales y normativas para mantener ciertas barreras comerciales.
