El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este viernes 20 de febrero de 2026 que la política de aranceles impuestos por el presidente Donald Trump excedió las facultades legales del Ejecutivo al imponer gravámenes comerciales bajo poderes de emergencia, lo que representa un duro revés a su agenda económica y comercial.
La Corte Suprema de EE. UU. determinó por una mayoría de 6-3 que los aranceles globales que Donald Trump impuso a diversos países sin autorización explícita del Congreso son ilegales, al superar la autoridad conferida por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Según la mayoría del tribunal, la IEEPA —legislación diseñada para situaciones extraordinarias— no autoriza al presidente a establecer aranceles, facultad que por Constitución corresponde al Congreso, lo que convierte en inválidos los gravámenes aplicados unilateralmente en el marco de la política comercial de Trump.
La decisión afecta principalmente a los llamados aranceles “recíprocos”, que abarcaban impuestos a importaciones de países como China, México, Canadá y la Unión Europea, instaurados por Trump como respuesta a deficiencias comerciales y asuntos de seguridad, incluidas acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, enfatizó en la sentencia que la autoridad para imponer este tipo de gravámenes debe estar claramente delegada por el Congreso, algo que no ocurrió en los casos impugnados, por lo que el uso de la IEEPA no fue suficiente para justificar las medidas.
Este fallo no sólo invalida un pilar de la estrategia comercial de la administración Trump, sino que además podría abrir la puerta a posibles solicitudes de reembolso por parte de empresas y socios comerciales afectados por los aranceles anulados.
La sentencia también supone un límite importante al uso de poderes de emergencia para implementar políticas económicas de amplio alcance sin el respaldo explícito del poder legislativo estadounidense, marcando un precedente significativo en la interpretación de la separación de poderes en materia comercial.
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