Críticas por posible intervención estatal en el sistema financiero de Nicaragua con nueva ley
El Parlamento de Nicaragua anunció este lunes la recepción de un proyecto de ley del Ejecutivo para integrar en un único cuerpo legal las normativas del Banco Central de Nicaragua (BCN) y la Superintendencia de Bancos. Según medios oficialistas, el objetivo sería mejorar la regulación del sistema financiero, aunque medios no oficiales advierten que podría representar una intervención directa del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la banca y el acceso a la información financiera de los ciudadanos.
El proyecto: supervisión y nuevos instrumentos financieros
La Asamblea Nacional informó que la propuesta, enviada a la comisión legislativa de Producción, Economía y Presupuesto para su consulta y dictamen, introduce instrumentos para “facilitar liquidez, atender emergencias y garantizar la continuidad de la intermediación financiera y de los pagos”.
Asimismo, establece líneas de crédito y facilidades de financiamiento para instituciones financieras y el propio Gobierno en situaciones excepcionales, según el comunicado oficial.
Loria Raquel Dixon, diputada y primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea, afirmó que el proyecto busca fortalecer el régimen regulatorio de la administración del sistema financiero nicaragüense y centralizar la supervisión de grupos financieros extrarregionales en la Superintendencia de Bancos, según declaraciones publicadas por el medio oficialista El 19 Digital.
Denuncias de intervención y vulneración de derechos
Medios independientes, como el portal 100 % Noticias, sostienen que la iniciativa otorga al Ejecutivo facultades para intervenir en los bancos, incluyendo el nombramiento de juntas directivas, gerentes y personal. También denuncian que permitiría al Gobierno acceder a información financiera de cualquier ciudadano o empresa residente en el país, sin importar su nacionalidad.
El proyecto establece que el BCN y la Superintendencia pueden solicitar información económica, financiera y regulatoria a personas naturales o jurídicas. Aunque el artículo 25 menciona una obligación de confidencialidad, se indica que esta reserva puede ser levantada por decisión de las instituciones financieras o mediante una orden legal.
Preocupación por el impacto en el sistema financiero
Analistas y críticos advierten que la medida podría tener implicaciones graves para la confianza en el sistema financiero del país. La posibilidad de que el Estado intervenga bancos o acceda a datos financieros sensibles genera inquietud en sectores empresariales y ciudadanos que temen un mayor control estatal sobre la economía y la privacidad.
Aunque el Gobierno sostiene que el proyecto busca estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero, las acusaciones de centralización y vigilancia podrían escalar en las próximas semanas, mientras el Parlamento avanza en el análisis de esta controvertida iniciativa legislativa.
