Los empleados de Danone y Bonafont, como Leobardo Martínez Zamudio, protestan en Cuautlancingo por un reparto de utilidades que consideran insuficiente.
El entorno laboral de la zona metropolitana registró una suspensión de actividades debido al descontento de la plantilla por los montos asignados al concepto de participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa. Los reportes de los inconformes indicaron que las cantidades recibidas de Danone y Bonafont resultan desproporcionadas frente al volumen de operaciones y la presencia comercial de la firma en el territorio nacional. Los portavoces del movimiento señalaron que la protesta se mantendrá activa de manera indefinida hasta que las mesas directivas presenten un ajuste transparente.
La mesa de negociaciones experimentó un distanciamiento entre la base trabajadora y la comitiva sindical, luego de que asesores como Leobardo Martínez Zamudio determinaran retirarse del complejo tras calificar la protesta como ilegal. El personal afectado manifestó su inconformidad ante la postura de representantes que exhortaron a la reanudación inmediata de las tareas de distribución sin ofrecer una resolución al pliego petitorio sobre Danone y Bonafont. Las comisiones de empleados acusaron un abandono institucional por parte de su dirigencia en un momento crítico para la estabilidad de la planta.
Ante la falta de acuerdos, la plantilla inició un proceso de recolección de firmas para exigir una auditoría profunda a las declaraciones fiscales de la compañía. Los trabajadores de Danone y Bonafont destacaron que la empresa suele presumir una participación mayoritaria en el mercado, lo que contradice los bajos márgenes reportados en los depósitos de los operarios. El plan de acción contempla mantener guardias en los accesos del inmueble para salvaguardar el movimiento civil a la espera de una respuesta gubernamental que garantice el cumplimiento de sus derechos económicos.
Las quejas de los operarios se extendieron hacia las dinámicas internas de comunicación de su representación gremial, argumentando que no se han convocado las asambleas generales necesarias para aclarar el rumbo de las impugnaciones legales. El personal administrativo intentó persuadir a las comisiones para liberar los andenes de carga, advirtiendo sobre las posibles penalizaciones de rescisión contractual por la parálisis operativa. La base obrera rechazó los términos de la directiva y acordó que no cederán ante las presiones corporativas hasta establecer un diálogo directo con los gerentes de área.
Los comités vecinales de los sectores aledaños manifestaron su solidaridad con las familias de los empleados y comenzaron a coordinar el abasto de víveres para el sostenimiento de los campamentos ubicados en el exterior de la nave industrial. Por su parte, los distribuidores externos reportaron pérdidas en el cumplimiento de los contratos de entrega diaria programados en la región centro del país. Al concluir las asambleas vecinales de la jornada, se reiteró la solicitud para que las delegaciones estatales del trabajo vigilen el respeto integral a los derechos de los huelguistas.
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