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Organizaciones civiles buscan impedir que entren en vigor disposiciones de la SB4, que permitiría arrestos y deportaciones a nivel estatal.
Organizaciones defensoras de derechos civiles presentaron una demanda contra el estado de Texas para frenar la implementación de partes clave de la ley antimigrante conocida como SB4, una de las más restrictivas en Estados Unidos.
La querella, impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, solicita a un tribunal federal bloquear al menos cuatro disposiciones antes de su entrada en vigor prevista para el 15 de mayo.
Entre los puntos impugnados se encuentra la criminalización del reingreso al país sin autorización, incluso para personas con algún estatus legal posterior; además de otorgar a jueces estatales la facultad de ordenar deportaciones y sancionar a quienes no acaten dichas órdenes.
La legislación, aprobada en 2023, permitiría a policías locales arrestar a personas sospechosas de cruzar la frontera de manera irregular, lo que ha generado fuertes críticas por invadir facultades que tradicionalmente corresponden al gobierno federal.
El nuevo recurso legal surge luego de que un tribunal de apelaciones levantara una suspensión previa que mantenía congelada la ley, al considerar que los demandantes iniciales no tenían legitimidad jurídica para impugnarla.
Defensores de migrantes advierten que la SB4 podría derivar en detenciones indebidas y discriminación, al convertir a policías y jueces locales en autoridades migratorias. En contraste, autoridades de Texas han defendido la norma como una medida para reforzar la seguridad fronteriza.
El caso abre un nuevo capítulo en la disputa legal sobre el alcance de los estados en materia migratoria en Estados Unidos.
