Organizaciones de derechos civiles buscan impedir que agentes federales armados sean desplegados en centros de votación durante las elecciones legislativas de noviembre
Una coalición de nueve organizaciones de derechos civiles presentó este viernes una demanda contra el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impedir que agentes federales armados sean desplegados en centros de votación durante las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal del Distrito de Columbia y señala al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Departamento de Justicia, así como a sus respectivos responsables. Los demandantes sostienen que las declaraciones de funcionarios sobre una posible presencia de agentes federales en las urnas pueden generar temor entre los votantes y afectar su participación.
Entre las organizaciones que participan en la acción legal se encuentran la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), Mi Familia en Acción, Asian Pacific American Advocates, la Liga Urbana Nacional y diversos sindicatos estadounidenses.
Los grupos argumentan que la posible intervención de agentes federales en los centros de votación contravendría disposiciones de la legislación estadounidense que restringen la presencia de personal federal armado en lugares donde se realizan elecciones. También invocan la Ley de Derecho al Voto de 1965, que prohíbe intimidar a una persona para impedirle ejercer su derecho al sufragio.
La controversia surgió a partir de declaraciones de funcionarios de la administración Trump sobre la posibilidad de que agentes del ICE acudieran a centros de votación bajo determinadas circunstancias. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha señalado que los agentes no realizarían patrullajes en las urnas, pero dejó abierta la posibilidad de que acudieran si existiera una amenaza contra un lugar de votación o si fuera necesario ejecutar una orden judicial contra una persona.
El director del FBI, Kash Patel, también fue cuestionado sobre la posibilidad de que agentes de esa institución estuvieran presentes en los centros de votación. Durante una audiencia en el Senado, indicó que los agentes actuarían conforme a la ley y no descartó su intervención cuando existiera una razón relacionada con una posible violación.
El gobierno estadounidense, por su parte, ha sostenido que el ICE no planea realizar operaciones dirigidas específicamente contra los centros de votación. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la agencia lleva a cabo operaciones de aplicación de la ley basadas en información y que podría responder ante una amenaza de seguridad pública en un lugar de votación.
La demanda sostiene que los mensajes contradictorios de funcionarios federales han generado preocupación entre autoridades electorales y organizaciones de derechos civiles. Los demandantes afirman que el temor sería particularmente significativo entre ciudadanos naturalizados, comunidades afroamericanas, latinas y asiático-americanas, así como entre familias con distintos estatus migratorios.
La acción legal se suma a otra demanda presentada la semana pasada por una coalición encabezada por la League of United Latin American Citizens (LULAC), Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver. Ese procedimiento también busca impedir la presencia de agentes federales armados en centros de votación durante los comicios de noviembre.
Los litigantes de ambos casos sostienen que la presencia de agentes federales podría alterar el funcionamiento de las elecciones y provocar que algunos ciudadanos eviten acudir a las urnas. Las organizaciones solicitaron a los tribunales establecer límites para impedir que las agencias federales utilicen sus facultades migratorias o de seguridad en los lugares donde se desarrolla el proceso electoral.
La legislación federal estadounidense establece restricciones a la presencia de agentes federales armados y miembros de las Fuerzas Armadas en lugares donde se llevan a cabo elecciones. Hasta ahora, no se ha informado de un despliegue general de agentes armados del ICE en centros de votación.
La disputa judicial ocurre a menos de dos meses de las elecciones legislativas de noviembre, en las que se renovarán cargos en el Congreso estadounidense. Los tribunales deberán determinar si las medidas o declaraciones de funcionarios federales representan una violación de las normas que protegen el derecho al voto y qué restricciones, en su caso, pueden imponerse a las agencias de seguridad.
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