Demandan al Gobierno Trump por pausar la financiación de programas extraescolares
Una coalición de 24 estados liderados por California, junto con el Distrito de Columbia, presentó este lunes una demanda federal contra el Gobierno del presidente Donald Trump por la suspensión repentina de 6 mil millones de dólares en subvenciones educativas, lo que pone en riesgo miles de programas extraescolares en todo el país.
El recurso legal, interpuesto ante un tribunal en Rhode Island, acusa a la administración Trump de violar la Constitución y diversas leyes federales al ordenar, sin previo aviso, la retención de fondos que el Departamento de Educación (DOE) suele liberar cada 1 de julio para que los estados planifiquen su presupuesto del próximo ciclo escolar.
“Sin ton ni son, la Administración Trump congeló abruptamente miles de millones de dólares en fondos para la educación apenas unas semanas antes del inicio del año escolar”, declaró Rob Bonta, fiscal general de California, en un comunicado.
California, uno de los estados más afectados, enfrenta la retención de más de 900 millones de dólares, lo que amenaza directamente la continuidad de programas de verano, clases de inglés para inmigrantes y acceso a tecnología en las aulas.
“El presidente Trump parece dispuesto a arriesgar el éxito académico de una generación para impulsar su propia agenda política desacertada. Pero esta congelación de fondos es manifiestamente ilegal, y confiamos en que el tribunal estará de acuerdo”, añadió Bonta.
Los estados demandantes aseguran haber cumplido con todas las condiciones legales para recibir estos fondos, con planes estatales aprobados previamente por el propio DOE. Además, subrayan que estos recursos han sido entregados de manera consistente durante décadas, incluso en 2024.
La demanda, además de ser encabezada por California, cuenta con el respaldo de los fiscales generales de Colorado, Massachusetts y Rhode Island, y se han sumado otros 20 estados, entre ellos Nueva York, Illinois, Arizona, Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte y Pensilvania.
En conjunto, los 24 estados buscan una orden judicial que obligue al Gobierno federal a liberar los fondos antes del inicio del próximo ciclo escolar, y evitar lo que consideran un golpe directo a millones de estudiantes, especialmente en comunidades vulnerables.
