Denuncian acoso judicial contra periodistas
La organización internacional Artículo 19 denunció el “uso faccioso” de procesos legales en México para acosar y silenciar a periodistas y medios de comunicación. En su informe más reciente, la organización calificó esta tendencia como una amenaza grave a la libertad de expresión en el país.
Según el reporte “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas y 12 medios de comunicación. Esta cifra, que equivale a un nuevo proceso cada cuatro días, supera los registros de cualquier año anterior.
Un patrón de desgaste y acoso judicial (SLAPPs)
Artículo 19 explicó que estos procesos, conocidos como litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs), no buscan necesariamente ganar un juicio, sino desgastar a los periodistas a través de demandas civiles, penales, electorales o administrativas. Este patrón de “uso faccioso” de las leyes tiene como objetivo principal:
Inhibir la crítica.
Eliminar publicaciones incómodas.
Enviar un mensaje de censura a toda la comunidad periodística.
La organización también subrayó el abuso de la figura de “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG)”. Aunque originalmente se creó para combatir la discriminación, ahora se utiliza de manera desproporcionada contra los periodistas. De los 51 casos documentados, 25 corresponden a acusaciones bajo este concepto, que han resultado en la eliminación de contenidos y la imposición de disculpas públicas.
Casos destacados y recomendaciones
El acoso judicial se ha extendido a 17 estados del país. Veracruz lidera la lista con 10 casos, seguido por la Ciudad de México y Jalisco. Entre los casos más notables, Artículo 19 mencionó la demanda por daño moral contra la periodista Lourdes Mendoza, y los múltiples procesos contra el periodista Jorge Luis González en Campeche, donde un juez llegó a designar a un “interventor” para revisar sus publicaciones antes de que fueran difundidas.
La periodista independiente Rubí Soriano, citada en el informe, advirtió que estas acciones sientan un “mal precedente donde la violencia política en razón de género se utiliza como ardid para evadir críticas”.
Ante este panorama, Artículo 19 instó al Estado mexicano a reformar su legislación, abstenerse de usar los recursos judiciales para silenciar a la prensa, y derogar delitos como la difamación y la calumnia, que contravienen los estándares internacionales de libertad de expresión. La organización advirtió que, de continuar esta práctica, se reducirá el espacio para el periodismo crítico y se normalizará el uso del poder judicial como una herramienta de control político.
