Organismos de derechos humanos alertaron que maniobras del Ejército argentino se realizan en terrenos considerados sitios clave para la búsqueda de víctimas de la última dictadura militar.
Organizaciones de derechos humanos de Argentina denunciaron la realización de ejercicios militares en predios donde se llevan a cabo tareas de búsqueda de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), una situación que ha generado preocupación entre familiares de víctimas y especialistas forenses.
La denuncia se centra en terrenos pertenecientes al Ejército argentino que han sido señalados como posibles lugares de enterramientos clandestinos y donde equipos de investigación realizan trabajos para localizar restos de personas desaparecidas durante el régimen militar.
De acuerdo con los organismos denunciantes, las maniobras podrían alterar el terreno y afectar evidencias fundamentales para las investigaciones judiciales y los procesos de identificación de víctimas. Por ello, solicitaron la suspensión inmediata de las actividades castrenses en esas áreas y exigieron garantías para preservar los sitios bajo investigación.
Familiares de desaparecidos y agrupaciones de derechos humanos advirtieron que estos espacios poseen un alto valor histórico y judicial, ya que forman parte de las investigaciones que buscan esclarecer crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Ante las críticas, las autoridades militares señalaron que las actividades programadas forman parte de ejercicios rutinarios de entrenamiento. Sin embargo, los colectivos de derechos humanos insistieron en que cualquier intervención en esos predios debe realizarse con extremo cuidado y en coordinación con los organismos encargados de las búsquedas.
Argentina mantiene abiertas numerosas investigaciones sobre desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura, periodo en el que se estima que unas 30 mil personas fueron víctimas de desaparición, según organismos de derechos humanos. La localización e identificación de restos continúa siendo una de las principales demandas de familiares y sobrevivientes más de cuatro décadas después del fin del régimen militar.
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