A casi dos meses del accidente registrado en la carretera internacional México 15, donde un automóvil Honda fue embestido por una pipa de la empresa Transportes Covarrubias, familiares de uno de los lesionados denunciaron presuntas irregularidades y retrasos en las investigaciones a cargo del Ministerio Público de Empalme
La esposa de Braulio M., conductor del automóvil afectado, hizo pública su inconformidad ante la falta de respuestas sobre la reparación de daños y el avance de la carpeta de investigación relacionada con el accidente ocurrido el pasado 31 de agosto, frente a la gasera Andy, en el tramo Guaymas–Ciudad Obregón.
Explicó que su esposo sobrevivió al impacto, pero sufrió edema cerebral, fractura de mano izquierda, pérdida de fuerza en la mano derecha, luxación del hombro izquierdo, además de múltiples golpes y heridas.
Estas lesiones le impedirán trabajar durante varios meses, situación que ha complicado la economía familiar, pues actualmente ella debe cubrir los gastos de manutención de sus cuatro hijos, atención médica y otras necesidades del hogar.
La denunciante señaló que desde el accidente ha buscado información sobre el procedimiento legal y la responsabilidad de la empresa transportista, sin obtener respuestas satisfactorias.
Entre las irregularidades que expuso mencionó que el médico legista nunca acudió al hospital para valorar a su esposo y que, después de 21 días, recibió un oficio para trasladarlo a Guaymas y realizar dicha revisión.
También aseguró que tuvo que llevarlo personalmente a declarar ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, pese a sus lesiones y dificultades físicas.
Otro de los señalamientos corresponde a las grabaciones de las cámaras del C5, solicitadas para esclarecer quién conducía la unidad pesada.
Según manifestó, existen versiones de testigos que indican que otra persona manejaba la pipa y que el joven fallecido durante el accidente viajaba como copiloto, situación que pide investigar.
Afirmó que las autoridades solicitaron los videos aproximadamente un mes después del percance y que posteriormente surgieron dificultades para acceder a las grabaciones.
La mujer también cuestionó que presuntamente se haya autorizado la liberación de la pipa sin concretarse una reunión con representantes de la empresa o su aseguradora para abordar la reparación de daños.
Agregó que tardaron tres semanas en proporcionarle el número de expediente y que tampoco ha conseguido las copias de la carpeta solicitadas ante el Ministerio Público.
Ante esta situación, pidió la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de organismos de Derechos Humanos para revisar la actuación de las autoridades ministeriales.
La afectada solicitó que se esclarezcan las circunstancias del accidente, se garantice la atención a las víctimas y se determine la responsabilidad correspondiente.
Los señalamientos corresponden a la versión pública de la familiar, sin que hasta el momento se cuente con una postura de las autoridades o de la empresa señalada.
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