Una joven de 22 años identificada como Fernanda denunció públicamente presuntas irregularidades médicas y violencia obstétrica durante la atención que recibió en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guaymas, donde perdió a su primera hija y, según afirma, le fue extraído el útero sin su consentimiento
Los hechos ocurrieron el 4 de mayo de 2024, cuando tenía 35 semanas y media de embarazo y acudió al área de urgencias por fuertes dolores abdominales.
De acuerdo con su testimonio, inicialmente fue valorada por una ginecóloga, quien mediante un ultrasonido le informó que su bebé se encontraba bien y que no presentaba dilatación.
Posteriormente recibió medicamentos y fue hospitalizada. Comenzó a presentar una hemorragia abundante, por lo que nuevamente fue revisada.
Fue entonces cuando le comunicaron que su hija había fallecido debido a un desprendimiento de placenta.
Fernanda aseguró que durante su estancia recibió un trato humillante por parte de personal médico y de enfermería.
Incluso señaló que una doctora insinuó que había consumido alguna sustancia para provocarse un aborto, comentario que considera especialmente cruel ante la pérdida de su bebé.
Debido a la gravedad de su condición fue sometida a una cesárea de emergencia y posteriormente trasladada al IMSS de Ciudad Obregón, donde recibió transfusiones sanguíneas y permaneció en terapia intensiva.
La joven relató que presentó complicaciones graves, entre ellas preeclampsia severa, lesión renal aguda y choque hipovolémico provocado por la pérdida de sangre, además de requerir una nueva intervención quirúrgica.
Uno de los señalamientos más graves es que durante la cirugía realizada en Guaymas le retiraron el útero sin explicarle previamente el procedimiento ni solicitarle, según sostiene, su consentimiento informado.
Esta situación, aseguró, le arrebató también la posibilidad de volver a embarazarse.
A más de dos años de los hechos, Fernanda manifestó que continúa enfrentando graves consecuencias psicológicas, por lo que recibe tratamiento por depresión severa y ansiedad.
Reveló además que ha atravesado crisis emocionales que han puesto en riesgo su vida.
Actualmente mantiene un proceso legal para buscar justicia y determinar las responsabilidades correspondientes.
La joven decidió hacer pública su experiencia después de permanecer en silencio durante más de dos años, con la intención de que su caso sea investigado y evitar que otras mujeres atraviesen situaciones similares.
Hasta ahora, los señalamientos corresponden al testimonio de la denunciante y no se cuenta con una postura oficial del IMSS ni con una resolución que establezca responsabilidades médicas.
Fernanda exige que se esclarezca lo sucedido y que se escuche su voz, tanto por las consecuencias que enfrenta como por la memoria de su hija.
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