Departamento de Eficiencia (DOGE) de EE.UU. emplea IA para eliminar normativas federales
El controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado bajo la actual administración Trump, está desplegando una potente herramienta de inteligencia artificial (IA) para llevar a cabo un ambicioso plan de desregulación federal. Según reveló The Washington Post, el objetivo es eliminar decenas de miles de normativas federales antes del primer aniversario del regreso de Trump a la Casa Blanca, el próximo 20 de enero.
Documentos internos y fuentes gubernamentales indican que esta herramienta de IA analizará cerca de 200,000 regulaciones federales, de las cuales alrededor de 100,000 podrían ser eliminadas por ya no ser legalmente obligatorias. La meta: simplificar el aparato gubernamental y reducir los costos administrativos a gran escala.
Esta iniciativa tecnológica también busca compensar los recortes de personal aprobados por el propio DOGE, reemplazando funciones humanas con capacidades automatizadas. El sistema ya ha sido probado en agencias como el Departamento de Vivienda y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor.
La plataforma fue desarrollada por ingenieros incorporados al gobierno bajo el proyecto DOGE, impulsado originalmente por Elon Musk. No obstante, Musk se desvinculó recientemente del organismo tras una disputa pública con Trump que ha enfriado su relación con la administración.
Además de su enfoque desregulador, el uso de IA se enmarca dentro del plan estratégico de Trump para posicionar a EE.UU. como líder global en inteligencia artificial, un componente que considera vital para la seguridad nacional. Como parte de ese plan, el presidente anunció a mediados de julio una inversión federal de 92 mil millones de dólares en infraestructura tecnológica en Pensilvania, estado que aspira a convertir en un hub nacional de IA.
El Gobierno sostiene que esta transformación digital no solo reducirá costos, sino que también mejorará la eficiencia de las agencias federales, aunque organizaciones sindicales y grupos de derechos civiles han comenzado a expresar preocupación por los impactos laborales y éticos de esta automatización acelerada.
