Destruyen 28 artefactos explosivos en diversas localidades de Michoacán

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a un juez federal que, entre el 19 y el 23 de mayo, localizó y destruyó 28 artefactos explosivos improvisados en distintas localidades del estado de Michoacán, donde, de acuerdo con testimonios de pobladores, estos fueron sembrados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El reporte se dio en cumplimiento de una suspensión definitiva concedida por el juez Sergio Santamaría Chamu, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, quien la semana pasada falló a favor de habitantes de diversas comunidades que denunciaron la omisión de las autoridades federales para prevenir, detectar y desactivar minas terrestres instaladas por el crimen organizado.

Las minas, un riesgo “latente y probado”
El juzgador señaló que la Sedena actuó en cumplimiento del mandato judicial, que obliga a las autoridades a localizar y remover los artefactos explosivos clandestinos, como los encontrados en comunidades como Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, del municipio de Buenavista Tomatlán. En esas zonas, el juez advirtió que existe un riesgo latente de muerte o mutilación para los habitantes, dado el creciente uso de explosivos caseros por parte de grupos criminales.

“Los informes de las autoridades confirman un alto riesgo probado por el continuo detonamiento clandestino de artefactos explosivos en zonas rurales del estado”, apuntó el juez en el acuerdo publicado este miércoles.

Un Estado superado
El juzgado también emitió una dura crítica a la capacidad de respuesta de las autoridades:

“El Estado mexicano se está viendo superado por actos delictivos, particularmente en lo relacionado con el uso de explosivos por parte de grupos criminales”, sostuvo Santamaría Chamu, refiriéndose al incidente del pasado 26 de mayo, cuando seis militares murieron y dos más resultaron heridos por la detonación de una mina terrestre en El Santuario, municipio de Los Reyes, zona no incluida originalmente en la medida cautelar.

El juez subrayó que, aunque no había ordenado acciones en esa zona, el hecho demuestra que los atentados del crimen organizado están extendiéndose y cobrando vidas, tanto de civiles como de fuerzas armadas, y que el Estado tiene la obligación de desplegar todos sus recursos disponibles para garantizar la seguridad y derechos humanos de la población.

Exige cumplimiento de plan de desminado
En ese sentido, el juez requirió a la presidenta de la República y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, a que en un plazo de tres días acrediten el cumplimiento de la suspensión definitiva, la cual incluye la elaboración de un plan nacional de desminado en las regiones más afectadas.

Finalmente, el juez lamentó la muerte de los seis militares y envió condolencias a sus familias, reconociendo su labor en defensa de la población civil:

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias ante el lamentable e indignante fallecimiento de dichos elementos castrenses, reconociendo la labor que desempeñan en zonas donde la gente sufre y necesita del respaldo del Estado”.

Este episodio confirma el grave nivel de violencia y sofisticación armamentista que enfrentan las autoridades en regiones como Michoacán, donde el uso de minas antipersonales por parte de organizaciones criminales se ha vuelto una amenaza creciente para la seguridad pública y la paz social.