El juzgador, con más de 20 años de trayectoria profesional, enfrenta nueve cargos en Estados Unidos por presuntamente recibir dos millones de dólares a cambio de liberar a un operador de una organización criminal vinculada con Ryan Wedding.
El juez mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia por autoridades locales, a petición de Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por presuntamente recibir un soborno de dos millones de dólares para favorecer la liberación de un narcotraficante canadiense.
La detención ocurrió el pasado 1 de noviembre y fue confirmada este jueves 5 de noviembre por el Departamento de Justicia estadounidense, que anunció que solicitará la extradición del exjuzgador para que enfrente los cargos en ese país.
De acuerdo con la acusación, Benítez Alcántara habría recibido el dinero a cambio de conceder libertad bajo fianza a Andrew Clark, señalado como segundo al mando de la organización criminal encabezada por Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense acusado de dirigir una red internacional de tráfico de cocaína.
Los hechos se remontan a octubre de 2024, cuando Clark fue detenido en México por acusaciones relacionadas con narcotráfico, asesinato e intento de asesinato en Estados Unidos. Posteriormente, las autoridades estadounidenses solicitaron formalmente su extradición.
Sin embargo, el 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara habría recibido la totalidad del soborno y ese mismo día ordenó la liberación bajo fianza del ciudadano canadiense. Días después, Clark fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos.
Luis Benítez Alcántara, de 49 años, cuenta con una trayectoria profesional de más de dos décadas dentro del ámbito judicial. Su carrera incluye distintas responsabilidades en órganos del Poder Judicial de la Federación, así como funciones en tribunales de la Ciudad de México y Chihuahua.
La acusación estadounidense contempla nueve cargos por complicidad posterior al delito, relacionados con presuntamente ayudar a un integrante de una organización criminal a evitar su detención y procesamiento.
De ser declarado culpable, el exjuez podría enfrentar hasta 15 años de prisión por cada cargo. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses preparan el procedimiento para conseguir su extradición desde Colombia.
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