Diputada pide penalizar ‘huachicoleo’ de agua
Sanciones de hasta cinco años de cárcel y multa pudieran aplicarse contra quienes vendan agua de manera ilegal.
La diputada local Jazmín Gómez Lizárraga propuso penalizar el robo del recurso hídrico a los organismos operadores del estado de Sonora.
En la sesión del martes, la legisladora presentó iniciativa para modificar el código penal de Sonora con la adición de un nuevo capítulo con título vigésimo quinto denominado Delitos Contra El Servicio Público y Distribución de Agua.
La diputada explicó que en la reforma se consideran sanciones de entre cinco meses y hasta cinco años de prisión para quienes comercialicen el agua de manera ilegal.
De igual forma, explicó, pudiera haber multa económica de entre cinco y 500 UMAS.
Gómez Lizárraga indicó que el problema por crisis de agua es preocupante de ahí las razones para elevar a rango penal el llamado de ‘huachicoleo’ del recurso hídrico.
Mencionó que a lo largo de Sonora los organismos operadores del agua han detectado diversas tomas clandestinas que impactan en la distribución adecuada del vital elemento a usuarios que cumplen con sus contribuciones.
Contó que en reunión de trabajo con el administrador de la Comisión Estatal del Agua en Guaymas, Manuel González, conoció la magnitud del problema en zonas como San José de Guaymas.
Indicó que existen comerciantes que tienen pipas y obtienen de manera irregular el agua que venden en la ciudad.
Hasta el momento no tenemos una cifra exacta de las pérdidas por el robo de agua, apuntó, los organismos operadores de agua están trabajando en eso.
Nosotros vamos a hacer lo propio con parlamentos ciudadanos para concientizar a las personas sobre la nueva iniciativa, afirmó.
Se debe de sancionar para protección del recurso vital, garantizar la equidad en el acceso, por el impacto en la infraestructura y el abastecimiento, por cumplimiento de la ley y fortalecimiento institucional, prevención de conflictos sociales y efectos económicos, consideró.
Sabemos que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, dijo, por eso quienes lucren con ese derecho cometen delitos que deben ser sancionados. Comentó que el estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
La propuesta, opinó, refleja una creciente preocupación por la gestión del agua en el país, especialmente en un contexto de crisis hídrica y cambio climático.
Al crear un marco legal específico, se busca no solo castigar los delitos, sino también fomentar una cultura de responsabilidad y cuidado hacia este recurso vital, finalizó.
