El proyecto contempla recursos por 10.6 billones de pesos y autoriza un endeudamiento interno de hasta 1.7 billones de pesos para el próximo año
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, con la que el Gobierno federal prevé obtener recursos por aproximadamente 10.6 billones de pesos para financiar el gasto público, en medio de cuestionamientos de la oposición sobre el nivel de endeudamiento y el costo de los intereses.
El dictamen recibió 331 votos a favor y 118 en contra, sin abstenciones, durante la sesión celebrada el miércoles 14 de octubre. La propuesta contó con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), además de dos legisladores de Movimiento Ciudadano.
La estimación de ingresos para el próximo año supera en 442 mil 804 millones de pesos la cantidad aprobada para 2026, lo que representa un incremento real de 1.1 por ciento.
De acuerdo con las proyecciones, la recaudación de impuestos aportaría alrededor de 6.26 billones de pesos, equivalente a casi 59 por ciento de los ingresos previstos. El resto de los recursos provendría de distintas fuentes de financiamiento y otros conceptos contemplados en la legislación.
Uno de los puntos que generó mayor discusión fue la autorización para que el Ejecutivo federal contrate un endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones de pesos, además de deuda externa neta por un máximo de 13 mil 500 millones de dólares.
La legislación también establece límites de endeudamiento para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresas productivas del Estado que requieren recursos para sus operaciones y compromisos financieros.
Durante el debate, legisladores del oficialismo defendieron las proyecciones económicas y sostuvieron que la estrategia permitirá mantener los programas sociales y fortalecer la recaudación sin establecer nuevos impuestos generales.
Entre los argumentos a favor, el diputado de Morena Daniel Murguía destacó las medidas orientadas a combatir la evasión fiscal y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
En contraste, representantes de la oposición expresaron preocupación por el volumen de deuda autorizado y cuestionaron que parte del financiamiento pueda utilizarse para cubrir gastos ordinarios del Gobierno, en lugar de destinarse directamente a proyectos de infraestructura y desarrollo.
La diputada Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, manifestó su rechazo a contratar deuda sin garantizar que esté vinculada con inversiones, mientras que el priista Jericó Abramo advirtió sobre el crecimiento del costo de los intereses y sus posibles consecuencias para las finanzas públicas.
Incluso dentro de los partidos aliados al Gobierno hubo señalamientos sobre las limitaciones de los recursos previstos. Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo, reconoció que los ingresos proyectados no serían suficientes para atender todas las necesidades del país, aunque respaldó el dictamen.
Otro de los planteamientos presentados durante la discusión fue una propuesta del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para facilitar la regularización de adeudos fiscales de pequeñas, medianas y grandes empresas mediante la eliminación de multas y recargos, bajo determinadas condiciones.
La iniciativa fue relacionada con un compromiso establecido por la presidenta Claudia Sheinbaum con representantes del sector empresarial. La medida busca facilitar que los contribuyentes regularicen sus obligaciones pendientes conforme a los criterios que se establezcan.
En materia económica, el cálculo oficial considera que el producto interno bruto (PIB) de México crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento durante 2027. Estas proyecciones forman parte de los supuestos utilizados para estimar los ingresos que tendrá el Gobierno federal.
La aprobación de la Ley de Ingresos constituye una etapa del proceso presupuestario, ya que establece de dónde provendrán los recursos públicos y cuánto financiamiento podrá contratarse durante el siguiente ejercicio fiscal.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá ser analizado y votado por el Senado de la República, que tiene como fecha límite el 31 de octubre para concluir su revisión antes de que el documento sea remitido al Ejecutivo para su publicación oficial.
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