Reforma avanza entre protestas por posible retroactividad
La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un tope a las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en el sector público, en medio de protestas y críticas por su posible aplicación retroactiva.
El dictamen fue avalado por unanimidad, con 458 votos a favor, y plantea que las pensiones no podrán superar la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica el artículo 127 de la Constitución y busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” en organismos como empresas del Estado, banca de desarrollo y dependencias públicas.
Durante la discusión, jubilados de instituciones como Pemex y CFE protestaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo e incluso intentaron ingresar al recinto, en rechazo a la reforma.
Uno de los principales puntos de controversia es la posible retroactividad de la medida, ya que legisladores de oposición advirtieron que podría afectar derechos adquiridos de trabajadores ya jubilados y generar incertidumbre jurídica.
Pese a ello, Morena y sus aliados defendieron que la reforma no elimina el derecho a la pensión, sino que corrige excesos financiados con recursos públicos y fortalece la política de austeridad.
El proyecto deberá ser aprobado por al menos 17 congresos estatales antes de su promulgación y entrada en vigor a nivel nacional.
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