Organismos internacionales alertan que la militarización y estados de excepción elevan el riesgo de desapariciones forzadas.
El gobierno de Ecuador mantiene e intensifica medidas de seguridad como toques de queda y estados de excepción en varias provincias, en un contexto marcado por el aumento de la violencia y las denuncias de desapariciones forzadas.
Las restricciones a la movilidad, principalmente nocturnas, han sido implementadas en zonas consideradas focos del crimen organizado, como Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, con despliegues de miles de policías y militares.
Sin embargo, organismos internacionales han advertido sobre los efectos de estas políticas. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas alertó que el uso recurrente de estados de excepción y la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública incrementan el riesgo de desapariciones.
De acuerdo con ese organismo, se han documentado al menos 51 casos de desaparición forzada en los últimos años, algunos presuntamente vinculados a operativos de seguridad, lo que ha encendido preocupaciones sobre posibles violaciones a derechos humanos.
Aunque el gobierno defiende estas medidas como necesarias para enfrentar al crimen organizado, expertos y organizaciones civiles cuestionan su efectividad y advierten sobre el impacto social, ya que las restricciones han derivado en detenciones masivas —muchas por incumplir el toque de queda— y en un clima de temor entre la población.
En este contexto, la crisis de seguridad en Ecuador continúa generando tensiones entre la estrategia de mano dura del Estado y las exigencias de respeto a los derechos humanos.
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