El Departamento de Justicia acusa a San José y a su Policía de imponer una tarifa que, según el gobierno federal, vulnera el derecho constitucional a portar armas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de San José, California, y su Departamento de Policía por cobrar cerca de mil 600 dólares por la licencia para portar armas de fuego. El gobierno federal sostiene que la tarifa es inconstitucional y viola la Segunda Enmienda.
De acuerdo con la demanda, el costo de la licencia de San José es de casi mil 600 dólares, lo que la convierte, según el Departamento de Justicia, en la tarifa más elevada del país para este tipo de permiso. La dependencia señaló que el monto supera ampliamente los cobros establecidos en ciudades como Nueva York, Washington D.C., Boston y Chicago.
El Departamento de Justicia argumenta que la Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido que las tarifas consideradas excesivas pueden vulnerar la Segunda Enmienda cuando representan un obstáculo económico para que las personas ejerzan su derecho a portar armas para defensa personal.
La fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, afirmó que el derecho constitucional a portar armas no debe estar condicionado por una tarifa que, según la dependencia, resulta desproporcionada frente al costo de ejercer ese derecho.
Antes de presentar la demanda, Dhillon envió una carta al alcalde de San José, Matt Mahan; al jefe de Policía, Paul Joseph, y a la fiscal municipal, Susana Alcala Wood, en la que ofreció resolver el conflicto sin recurrir a los tribunales. Sin embargo, el Departamento de Justicia presentó finalmente la acción judicial el miércoles 16 de septiembre.
El caso coloca nuevamente a la ciudad de San José y al gobierno federal en una disputa relacionada con la regulación y los costos asociados con el porte de armas de fuego. La controversia deberá ser resuelta mediante el proceso judicial iniciado por el Departamento de Justicia.
La demanda forma parte de una serie de acciones emprendidas recientemente por el Departamento de Justicia contra gobiernos locales a los que acusa de infringir la Segunda Enmienda. Entre ellas se encuentra una demanda presentada en agosto contra el condado de Montgomery, Maryland, por una legislación que restringía el porte de armas en las inmediaciones de determinados lugares públicos, incluidas iglesias.
El Departamento de Justicia también ha intervenido recientemente en otros litigios relacionados con permisos para portar armas. En agosto, la dependencia llegó a un acuerdo con el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles después de cuestionar los tiempos de procesamiento de solicitudes para permisos de porte oculto.
La disputa contra San José se centra ahora en determinar si el cobro establecido por la ciudad constituye una carga económica incompatible con las protecciones de la Segunda Enmienda, como sostiene el gobierno federal.
Noticias relacionadas:
Sigue los reportes de última hora en FM 105
Infórmate sobre los acontecimientos en El Vigía
Consulta las actualizaciones de la prensa en Entorno Informativo
