EE.UU. demanda a operador de refugios para niños migrantes por abuso y acoso sexual
El caso que involucra a Southwest Key Programs Inc., el mayor proveedor privado de refugio y atención a niños migrantes no acompañados en Estados Unidos, que ha sido demandado por el Departamento de Justicia debido a acusaciones de abuso y acoso sexual contra los menores bajo su cuidado. Aquí tienes un resumen de los puntos clave:
Acusaciones y Demandas: El Departamento de Justicia alega que Southwest Key permitió un patrón de abuso y acoso sexual severo y generalizado por parte de sus empleados hacia los niños migrantes en sus refugios en Texas, Arizona y California.
Tipos de Abuso Denunciados: Desde 2015 hasta al menos 2023, se reportaron casos de contacto sexual, tocamientos inapropiados, comentarios sexuales, solicitud de actos sexuales y solicitud de fotografías de desnudos por parte de empleados de Southwest Key hacia los menores bajo su custodia.
Reacción y Medidas Legales: La demanda busca compensación para los niños afectados, sanciones civiles contra la organización y una orden judicial para prevenir futuros abusos sexuales y garantizar reformas significativas en los procedimientos de Southwest Key.
Contexto de Supervisión y Responsabilidad: La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que subvenciona a organizaciones como Southwest Key, está encargada de la supervisión de los refugios para asegurar el bienestar de los menores migrantes, aunque estas acusaciones plantean serias preocupaciones sobre la efectividad de dicha supervisión.
Impacto y Políticas: Funcionarios como Kristen Clarke, fiscal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, han condenado el abuso sexual de niños como una crisis que requiere atención urgente y medidas de reforma efectivas para proteger a los menores vulnerables.
En resumen, el caso destaca problemas significativos en el sistema de cuidado de menores migrantes en Estados Unidos, subrayando la necesidad de medidas más efectivas para proteger a estos niños vulnerables de abusos y asegurar que los proveedores de servicios cumplan con los estándares legales y éticos necesarios.