Las medidas financieras buscan desarticular una presunta red utilizada para lavar dinero y financiar operaciones criminales mediante negocios de carreras de caballos, construcción, transporte y los sectores petrolero y gasífero
El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), al que señala de utilizar diversas actividades comerciales para lavar dinero de procedencia ilícita y financiar sus operaciones criminales.
Las medidas fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense el martes 13 de octubre y se realizaron en coordinación con autoridades mexicanas. La investigación identificó una red de negocios relacionada con las carreras de caballos, la construcción, el transporte de carga y las industrias del petróleo y el gas.
Entre las personas sancionadas se encuentra Gamaliel Garza García, empresario mexicano señalado por las autoridades estadounidenses como presunto colaborador financiero del grupo criminal. De acuerdo con las investigaciones, habría participado en actividades relacionadas con carreras de caballos en México y Estados Unidos mediante el establo Cuadra San Dibanh.
Las autoridades también señalaron que una de sus empresas, Construcciones y Edificaciones Garza Elías, habría sido utilizada para canalizar recursos hacia campañas electorales y obtener contratos gubernamentales de manera irregular, particularmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Otro de los sancionados es Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, a quien se acusa de entregar dinero en efectivo para financiar campañas de candidatos presuntamente favorecidos por el Cártel del Noreste.
La lista incluye también a Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, identificado por las autoridades estadounidenses como presunto integrante de la estructura operativa del grupo en Nuevo Laredo y señalado por posibles actividades relacionadas con el tráfico de armas.
El cuarto sancionado es Francisco Javier Inzunza Partida, vinculado con la empresa de transporte terrestre Tamex Leasing, también incluida en las medidas financieras. Las autoridades lo relacionan con operaciones que presuntamente contribuyeron a actividades ilícitas vinculadas con el narcotráfico.
La investigación identificó además empresas dedicadas a la construcción, el suministro de combustible, el transporte de gas y el desarrollo inmobiliario. Entre ellas figuran Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
El Departamento del Tesoro sostuvo que estas estructuras comerciales habrían permitido movilizar recursos y generar ingresos para la organización criminal mediante actividades aparentemente legales.
Las autoridades estadounidenses también señalaron al sector hípico como uno de los mecanismos utilizados para ocultar el origen de recursos ilícitos. Según las investigaciones, entre 2008 y 2012, los entonces líderes del grupo criminal conocidos como “Z-40” y “Z-42” compraron y vendieron caballos de carreras para entrenarlos y competir en Estados Unidos.
Durante un periodo de 30 meses, la operación habría movilizado alrededor de 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, mientras que las autoridades atribuyeron al esquema el lavado de más de 22 millones de dólares.
En junio de 2012, el Gobierno estadounidense confiscó 455 caballos en una granja, hipódromos y centros de entrenamiento en Oklahoma, como parte de las acciones contra esa red.
Dentro de las investigaciones más recientes también se encuentra el establecimiento La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar situado en las inmediaciones de Nuevo Laredo, Texas, que las autoridades estadounidenses identifican como un negocio controlado por el Cártel del Noreste. Según los señalamientos, el lugar generaba ingresos mediante el cobro de entradas y mantenía una alianza con el Casino Centenario para facilitar apuestas en carreras de caballos.
En abril de 2026, un operativo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos derivó en la suspensión del Casino Centenario.
Las sanciones implican el bloqueo de los bienes y activos que las personas y empresas designadas tengan bajo jurisdicción estadounidense. También prohíben, en términos generales, que ciudadanos y entidades de Estados Unidos realicen transacciones con los sancionados, salvo las autorizadas por las autoridades correspondientes.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, además de posibles inconsistencias fiscales y operaciones que no corresponderían con los perfiles financieros declarados.
Como parte de las medidas adoptadas, las personas y empresas señaladas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de prevenir el uso del sistema financiero para movilizar recursos de origen ilícito y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
Las autoridades de ambos países mantienen acciones coordinadas para investigar las presuntas operaciones financieras y determinar el alcance de la red empresarial que, según los señalamientos oficiales, habría servido para financiar al Cártel del Noreste.
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