El costo de la industria del acero en México

Representantes de una comunidad rural mexicana del estado de Jalisco denunciaron a las empresas ArcelorMittal y Ternium por los impactos humanos y ambientales de la extracción de hierro alrededor de la mina Peña Colorada. Al micrófono de RFI, reportan casos de desapariciones y asesinatos de voces críticas contra la minería legal y ilegal en la región.

En la Sierra de Manantlán, defender el medio ambiente y la tierra, los derechos de las comunidades campesinas en México se paga con sangre. En noviembre pasado, Higinio Trinidad de la Cruz, opositor a la mina Peña Colorada en esta región rural en el oeste de México, fue desaparecido y asesinado. El mismo destino trágico vivieron Celedonio Monroy Prudencio y José Santos Isaac Chávez quienes también denunciaban la tala ilegal, la minería ilegal y el control de territorio por parte de grupos de narcotráfico.

Persecuciones a los críticos de la minería, afectaciones a los recursos hídricos, deforestación y pobreza forman el panorama del ejido (comunidad campesina) Nahua de Ayotitlán desde que la mina Peña Colorada extendió sus operaciones en 801 hectáreas de tierras de la comunidad en 2012, generando controversias y divisiones en el seno mismo de la población local.

a

En 2020, Rogelio Rosales Ramos, de 17 años, también fue asesinado tras haber recibido amenazas por criticar la presencia de las actividades mineras. Su padre, conocido como Rogelio, reclama justicia y emprendió una gira por varios países europeos para denunciar los impactos de la minería legal e ilegal y exigir responsabilidades de ArcelorMittal y Ternium, gigantes de la producción de acero y dueñas del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, desde 2005. Asentada en tierras que unen los estados de Colima y Jalisco (oeste de México), la mina Peña Colorada, produce alrededor del 30% del hierro mexicano.

“Consideramos que (la minera) no está haciendo los pagos justos, incluso aunque lo estuviera haciendo, los daños que está ocasionando no se comparan”, declaró Rogelio al micrófono de RFI a su paso por París donde se reunió con representantes de los bancos BNPParibas que financia a ArcelorMittal, empresa que fabricó la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de París 2024. Previamente, Rogelio denunció el alto costo que paga su comunidad por la explotación del acero a otro financista del gigante del acero: el banco ING con sede en Amsterdam, Holanda.

Rogelio realiza esta gira en el marco de la campaña global de 15 ONG agrupadas en la ‘Fair Steel Coalition’ (Coalición por un acero justo) que denuncian en un informe de 47 páginas los impactos nocivos de la producción de acero en varios países del Sur Global. “Acaparamiento de tierras, destrucción de ecosistemas, pérdida de medios de subsistencia, graves problemas de salud y desapariciones forzadas”, son algunos de los impactos que dejan las mineras de extracción de hierro en países como Liberia, Sudáfrica, México y Brasil, indica la coalición en su informe titulado El coste real del acero: Racismo medioambiental, zonas de sacrificio e impunidad en la cadena de suministro y publicado el 25 de abril.

En una resolución publicada el 8 de marzo de 2024, la Comision Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para Rogelio y doce personas más de la comunidad indígena Nahua de Ayotitlán ante las amenazas y la violencia por parte del crimen organizado que ha desarrollado minas ilegales en la región, según denuncia Rogelio.

Desastres ambientales
A la persecución de los defensores del territorio se suman los impactos ambientales que deja la minería legal e ilegal en la Sierra de Manantlán.

“Primero, son grandes devastaciones de áreas forestales. Cortan la madera, la ocultan, ahí no la sacan, la guardan, miles de hectáreas de roble encino”, alerta Rogelio.

“Y los poblados más cercanos ya no tienen agua porque la empresa está ocupando casi todo un río, el río Marabasco está ocupando para lavar el mineral y bajarlo hacia Manzanillo por un ferroducto, entonces deja sin agua a las comunidades aparte que está contaminando. Los aceites, las grasas bajan hacia los ríos”, agrega el activista.

“La minera saca de ahí el 30% de hierro del país. Y, sin embargo, es una de las comunidades con aproximadamente un 90% de alta marginación, con una gran pobreza”, denuncia por su parte Eduardo Mosqueda, abogado defensor de los derechos humanos, integrante de la ONG quien acompaña a Rogelio en esta gira europea.

Dicha gira incluye una etapa en Luxemburgo en la asamblea anual de accionistas de ArcelorMittal el 30 de abril, donde el abogado Eduardo Mosqueda denunciará la responsabilidad de la empresa en estos abusos cometidos para la explotación de hierro en México. “Aunque ArcelorMittal y Ternium claman políticas de sustentabilidad, los mismos bancos claman que hay también mecanismos de sustentabilidad y que cumplen con las leyes y con los estándares en materia de su materia de derechos humanos, ambientales y cambio climático. Lo que nos dimos cuenta es que están fallando de tal manera que están creando zonas de sacrificio y zonas de silencio”, apunta Eduardo Mosqueda.

a

Cuestionado por la coalición de ONG, la dirección de ArcelorMittal respondió por escrito que “Peña Colorada y sus accionistas condenan enérgicamente cualquier situación de violencia y actividad criminal en México” y “rechaza categóricamente cualquier responsabilidad directa o indirecta, así como cualquier intento de vincular o especular sobre su participación directa o indirecta o la de sus funcionarios en los actos de violencia”.

En el documento donde el gigante el acero compila sus respuestas, la empresa afirma haber realizado obras de saneamiento de agua en las comunidades de Minatitlán, La Astilla y Coconal; en Jalisco, así como en San Antonio, y Mameycito y reivindica la inversión de 1 millón de pesos mexicanos en plantas de tratamiento.

El colectivo de organizaciones ha cuestionado también a varios bancos internacionales como ING, en Ámsterdam y BNP Paribas en Francia, sobre su papel como financistas de las actividades de ArcelorMittal, a pesar del deber debida vigilancia que, en varios países europeos, exige a las transnacionales cumplir con los derechos humanos y ambientales.