El despliegue de la Guardia Nacional en LA por orden de Trump, algo inédito en EE.UU. en décadas
La decisión del presidente Donald Trump de desplegar a más de 4,000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles, California, para contener las protestas contra las redadas migratorias marca un hecho inédito en la historia reciente de Estados Unidos. Es la primera vez en 33 años que un presidente ordena este tipo de intervención para restablecer el orden público, y la primera en 60 años que lo hace sin el consentimiento del gobierno estatal.
La medida ha generado una fuerte reacción política y legal, especialmente desde California. El gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass —ambos demócratas— condenaron la decisión y anunciaron una demanda contra el Gobierno federal por lo que consideran una “acción ilegal” que viola la Décima Enmienda de la Constitución, la cual reserva a los estados las competencias no delegadas expresamente al Gobierno central.
Un precedente histórico
La última vez que un presidente de EE.UU. recurrió al despliegue federal de la Guardia Nacional en respuesta a disturbios fue en 1992, cuando George H.W. Bush envió tropas a Los Ángeles tras las violentas protestas provocadas por la absolución de los policías que agredieron brutalmente a Rodney King. Aquella vez, el entonces gobernador republicano de California, Pete Wilson, y el alcalde demócrata de la ciudad, Tom Bradley, solicitaron explícitamente la intervención federal.
Las revueltas de 1992 dejaron más de 60 muertos, más de dos mil heridos y millonarias pérdidas materiales. A diferencia de ese episodio, las manifestaciones actuales en Los Ángeles han sido, en su mayoría, pacíficas, según reportes de la Policía local y del alguacil del condado.
Primer despliegue federal sin consentimiento estatal desde 1965
Más allá del impacto político inmediato, la decisión de Trump revive un capítulo infrecuente en la historia del país: la intervención militar federal sin aprobación del estado afectado. La última vez que ocurrió algo similar fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson federalizó a la Guardia Nacional y la envió a Alabama para proteger a los activistas por los derechos civiles en contra del gobernador George Wallace, un conocido segregacionista.
Trump, sin embargo, no ha invocado la Ley de Insurrección de 1807 —la herramienta legal usada en 1965 y 1992— sino que activó el Título 10 del Código Federal, que le permite desplegar tropas en casos de insurrección, invasión o cuando las autoridades locales no puedan hacer cumplir la ley. Aun así, dejó abierta la puerta a recurrir a la Ley de Insurrección si “la situación lo amerita”.
Escalada de tensiones
El conflicto entre el gobierno federal y California continúa escalando. Este lunes, Newsom denunció públicamente que los soldados desplegados por Trump se encuentran en condiciones precarias, difundiendo imágenes de efectivos durmiendo hacinados en instalaciones improvisadas.
“Trump está creando una crisis donde no la había. Esta es una acción irresponsable que agrava las tensiones en lugar de aliviarlas”, afirmó el gobernador californiano, quien además fue notificado por la Casa Blanca de que otros 2,000 efectivos están en camino a la ciudad.
La medida ha dividido a la opinión pública y vuelve a poner en el centro del debate el uso de poderes presidenciales en contextos de disturbio social. Organizaciones civiles, juristas y legisladores demócratas han advertido que se trata de un uso peligroso y desproporcionado de la autoridad ejecutiva.
Por ahora, la atención se centra en la Corte Federal que deberá evaluar la legalidad del despliegue y, posiblemente, sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial frente a los derechos de los estados.
