El Senado impugnará candidaturas judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico tras denuncia de Fernández Noroña
El Senado de la República anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una veintena de candidaturas a cargos judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico, en medio de crecientes tensiones por la histórica elección popular del Poder Judicial programada para el próximo 1 de junio.
El presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, informó este miércoles que el Legislativo ha detectado aspirantes que “han defendido a narcotraficantes” o han promovido sistemáticamente amparos para su liberación, y advirtió que dichas personas no cumplen con los criterios de probidad requeridos para integrar el sistema de justicia mexicano.
“Vamos a impugnar a las personas que tenemos ubicadas, que desde nuestro punto de vista no son idóneas. No se trata de un capricho ni de vetos personales, sino de garantizar que quienes accedan al Poder Judicial lo hagan con integridad”, subrayó Fernández Noroña en conferencia de prensa. Aunque evitó revelar nombres, adelantó que las identidades de los candidatos impugnados se darán a conocer una vez que avance el proceso.
El pronunciamiento del Senado se da un día después de que Fernández Noroña hiciera un llamado público al Instituto Nacional Electoral (INE) para retirar las candidaturas ligadas al crimen organizado. En respuesta, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aclaró que la responsabilidad de definir la elegibilidad recae en el Senado y el TEPJF.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó este miércoles la postura del Senado y pidió al Tribunal Electoral actuar con firmeza e invalidar a los candidatos que mantengan nexos comprobables con el narcotráfico.
La controversia ha cobrado fuerza tras la publicación de un informe de la agrupación civil Defensorxs, que documentó 13 candidaturas vinculadas con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades. Entre los casos señalados se encuentra el de Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, destacada en el sitio Justicia en la mira.
Esta elección —la primera de carácter popular para renovar el Poder Judicial en México— involucra 881 cargos, incluidos puestos en la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Participan 3,422 aspirantes y se espera una votación récord con más de 99.7 millones de ciudadanos convocados a las urnas.
Las campañas, que comenzaron el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, han estado marcadas por advertencias de organismos internacionales, jueces en funciones y asociaciones civiles sobre los riesgos de una posible injerencia del crimen organizado y del poder Ejecutivo en los comicios.
El proceso electoral se desarrolla bajo una intensa vigilancia pública y mediática, en un contexto de inédita transformación institucional y con el desafío de garantizar transparencia, legalidad y legitimidad en la nueva configuración del Poder Judicial.
