En San Marcial solicitan nuevo pozo de agua potable
Un llamado urgente a las autoridades hacen residentes de la comunidad de San Marcial, municipio de Guaymas, para atender la necesidad de un nuevo pozo de agua, ante la sospecha de que el actual presenta problemas de contaminación.
“El pozo actual ya no cumple con la palabra potable. Hemos tenido personas con afectaciones y no podemos asegurar que sea por el agua, pero tampoco podemos decir lo contrario”, dio a conocer el profesor Martín Palafox Trillas.
En este contexto, el llamado público urgente es al gobernador Alfonso Durazo Montaño; a la presidenta municipal de Guaymas, Karla Córdova González, y al senador Heriberto Aguilar Castillo, para que intervengan por los recursos necesarios para ejecutar el proyecto de habilitación del pozo, detenido desde hace más de ocho años.
Cabe destacar que esta petición la respaldan en estudios que datan del 2016, realizados por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), que (desde entonces), confirmaron la presencia de plomo y mercurio en niveles superiores a los permitidos por la Norma Oficial Mexicana, específicamente en el depósito de almacenamiento conocido como “Tinaja de Rafael”. Ambos elementos son considerados altamente tóxicos y peligrosos para la salud humana.
A raíz de estos resultados, en enero de 2017 la Comisión Estatal del Agua (CEA) emitió el oficio número CEA-0005-17, en el que reconoce el riesgo sanitario y propone como solución la construcción de un nuevo pozo perforado de al menos 30 metros de profundidad, para sustituir al actual, una noria superficial construida en 1970.
El organismo estatal se comprometió a facilitar personal y equipo de perforación, y solicitó al Ayuntamiento de Guaymas gestionar los recursos necesarios, estimados en $270,000 pesos.
Sin embargo, hasta la fecha, el proyecto no se ha concretado, lo que mantiene a la población en constante riesgo y les preocupa la situación.
Por ellos la comunidad de San Marcial reitera su exigencia: acceso a agua limpia, segura y libre de contaminantes, como un derecho básico para todas las familias del ejido.
