Washington busca limitar las operaciones del tribunal de La Haya; la CPI denuncia un ataque contra el Estado de derecho y la justicia internacional
El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes 9 de octubre sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), con el objetivo de restringir sus operaciones y presionar a la institución para que atienda las objeciones de Washington sobre sus investigaciones. La decisión se dio a conocer pocas horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en la defensa del derecho internacional.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó que las medidas contemplan la prohibición de transacciones con el tribunal, con sede en La Haya, Países Bajos. Según el funcionario, las sanciones buscan proteger la soberanía de Estados Unidos y evitar que ciudadanos estadounidenses, incluidos integrantes de las fuerzas armadas y funcionarios electos, sean procesados por una institución a la que el país no pertenece.
Rubio acusó a la CPI de actuar contra los intereses estadounidenses y advirtió que Washington continuará ejerciendo presión si el tribunal no modifica su postura. El secretario de Estado sostuvo que la administración del presidente Donald Trump había expresado durante más de un año sus preocupaciones y esperaba que la corte o sus Estados miembros adoptaran medidas para atenderlas.
El funcionario también llamó a los países aliados de Estados Unidos que forman parte de la CPI a intervenir para limitar las acciones del organismo. Advirtió que su gobierno mantendría los esfuerzos para debilitar la institución si no se alcanzaba una solución.
La Corte Penal Internacional rechazó las sanciones y señaló que representan un ataque contra el Estado de derecho y los fundamentos del orden jurídico internacional. En un comunicado, defendió su independencia y sostuvo que las medidas buscan obstaculizar la labor judicial e intimidar a quienes participan en sus investigaciones y procesos.
La institución también llamó a sus 125 Estados miembros a respaldar su funcionamiento y proteger su capacidad para investigar y juzgar los delitos que corresponden a su jurisdicción, entre ellos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Las sanciones amplían las medidas que Washington ya había aplicado contra funcionarios de la corte, incluidos jueces y fiscales, debido a investigaciones relacionadas con Estados Unidos e Israel. La administración Trump ha cuestionado particularmente las actuaciones del tribunal vinculadas con la guerra en Gaza y las investigaciones sobre presuntos delitos cometidos por militares estadounidenses en Afganistán.
El anuncio coincidió con la entrega del Nobel de la Paz a Navi Pillay, quien fue jueza de la CPI entre 2003 y 2008. La jurista también encabezó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Comité Noruego del Nobel destacó la importancia de fortalecer las instituciones internacionales encargadas de exigir responsabilidades por crímenes graves, en un contexto en el que los tribunales y sus integrantes enfrentan presiones políticas.
Aunque el gobierno estadounidense no vinculó expresamente las sanciones con el premio otorgado a Pillay, la coincidencia temporal generó cuestionamientos sobre el futuro de la justicia penal internacional y las relaciones de Washington con sus aliados europeos.
La disputa abre un nuevo frente diplomático entre Estados Unidos y los países que respaldan a la CPI. Las medidas podrían afectar las relaciones de la institución con proveedores de servicios financieros y tecnológicos, mientras la Unión Europea manifestó su disposición a adoptar medidas para garantizar que el tribunal continúe con sus funciones.
La controversia se centra en la capacidad de la CPI para operar de manera independiente frente a las presiones de gobiernos que cuestionan su jurisdicción, así como en el respaldo que sus Estados miembros estén dispuestos a ofrecer para mantener sus investigaciones y procedimientos judiciales.
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