Washington anunció nuevas medidas contra la CPI, con sanciones y restricciones dirigidas a sus integrantes y organismos relacionados.
El Gobierno de Estados Unidos lanzó una nueva campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI) con el objetivo de reducir su influencia y presionar a los países que respaldan al tribunal, informó el Departamento de Estado.
La estrategia contempla medidas como restricciones de entrada a territorio estadounidense para personal de la CPI, así como la ampliación de sanciones contra miembros del organismo y organizaciones vinculadas con sus actividades.
Washington ha cuestionado en repetidas ocasiones la autoridad de la Corte Penal Internacional, al argumentar que el tribunal no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos y que algunas de sus investigaciones tienen motivaciones políticas.
Como parte de la ofensiva diplomática, Estados Unidos también busca aumentar la presión sobre sus aliados para que adopten una postura crítica frente a las acciones de la CPI y limiten su cooperación con el organismo internacional.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, fue creada para investigar y juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren actuar.
La decisión estadounidense ha generado críticas de defensores del derecho internacional, quienes advierten que las medidas podrían afectar la independencia del tribunal y sus investigaciones sobre posibles violaciones graves a los derechos humanos.
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