Javier Tapia Santoyo impugnó la decisión judicial que lo vinculó a proceso por presuntas irregularidades en contratos cuando era tesorero de un hospital del Issste.
El exsecretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (ipn), Javier Tapia Santoyo, promovió un amparo contra la vinculación a proceso que le fue dictada por presuntos delitos relacionados con su gestión como funcionario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), el exfuncionario habría incurrido en uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones cuando se desempeñaba como tesorero del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
Las investigaciones señalan que presuntamente otorgó tres contratos por alrededor de 11 millones de pesos a una empresa considerada facturera, identificada como Interacción Biomédica, la cual fue incluida en 2017 por el Servicio de Administración Tributaria en la lista de compañías “fachada”.
Tapia Santoyo presentó el recurso ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que busca impugnar la resolución de la jueza de control del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, quien ordenó su vinculación a proceso y le impuso medidas cautelares.
Entre dichas medidas se encuentra la prohibición de salir del país, la entrega de pasaporte y visa, así como la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad judicial mientras se desarrolla el proceso.
Antes de admitir la demanda de amparo, el juez federal requirió al exfuncionario que precise en un plazo de cinco días los hechos y argumentos de su solicitud; de no hacerlo, la demanda podría tenerse por no presentada.
El exfuncionario fue suspendido temporalmente de su cargo en el IPN desde noviembre pasado por instrucciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mientras avanzan las investigaciones del caso.
En el mismo proceso también fueron vinculados Roberto Alberto Rodríguez Briseño y María Dolores Arellano Semas, exsubdirectores médico y de finanzas del hospital, respectivamente, quienes enfrentan medidas cautelares similares.
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