La Secretaría Anticorrupción identificó adjudicaciones por más de 2 mil 700 millones de pesos a compañías señaladas por posibles irregularidades en contrataciones de material electoral
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó información sobre una presunta red de empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas, que habría obtenido contratos millonarios con organismos electorales mediante posibles prácticas irregulares.
De acuerdo con el informe presentado por la funcionaria, las compañías relacionadas con ambos empresarios habrían conseguido adjudicaciones por más de 2 mil 700 millones de pesos entre 2015 y 2025, principalmente para suministrar materiales y servicios relacionados con procesos electorales.
Las investigaciones, basadas en registros de Compranet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, identificaron dos periodos principales de contratación.
Entre 2015 y 2023, las empresas obtuvieron contratos por más de 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales del país.
Posteriormente, entre 2024 y 2025, la presunta red continuó obteniendo contratos en 15 entidades federativas, por un monto adicional de 646.3 millones de pesos.
En conjunto, las adjudicaciones identificadas superan los 2 mil 740 millones de pesos.
La Secretaría Anticorrupción señaló que entre las posibles irregularidades se encuentran la utilización de empresas fachada, simulación de competencia entre proveedores y presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero.
El caso también involucra contrataciones vinculadas con el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo encargado de organizar y supervisar los procesos electorales federales.
Las autoridades revisan la forma en que se realizaron las adjudicaciones, las relaciones entre las compañías proveedoras y los mecanismos utilizados para obtener los contratos.
La presentación de estos datos abre nuevas investigaciones sobre el manejo de recursos públicos destinados a la adquisición de materiales electorales y la posible existencia de redes empresariales que habrían concentrado contratos durante varios años.
Hasta el momento, la información presentada corresponde a señalamientos e investigaciones administrativas, por lo que las posibles responsabilidades deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
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