La familia acusa al gobierno estadounidense y al agente Jonathan Ross de uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos civiles
La familia de Renee Good, ciudadana estadunidense de 37 años que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en enero, presentó este jueves dos demandas contra el gobierno de Estados Unidos, el agente involucrado y varios funcionarios de la administración de Donald Trump.
Las acciones legales fueron presentadas en un tribunal federal por Becca Good, pareja de Renee, y Brent Ganger, hermano de la mujer. Una de las demandas señala al gobierno de Estados Unidos y reclama indemnización por muerte injusta, negligencia y otras conductas que, según la familia, provocaron el fallecimiento. La segunda identifica al agente de ICE Jonathan Ross y a varios funcionarios de alto nivel y sostiene que se violaron derechos civiles.
Renee Good murió el 7 de enero en Mineápolis, Minnesota, durante una operación migratoria federal conocida como Operation Metro Surge. De acuerdo con la información presentada en las demandas, Good se encontraba dentro de su vehículo cuando Ross realizó los disparos que terminaron con su vida.
Las autoridades federales sostuvieron entonces que el agente actuó en defensa propia y que Good había intentado atropellar a elementos de seguridad. Sin embargo, videos grabados por personas que se encontraban en el lugar muestran a Good maniobrando el vehículo mientras intentaba alejarse del agente cuando éste abrió fuego. Reuters informó que Ross realizó tres disparos que alcanzaron a Good.
La familia sostiene en el litigio que la muerte fue consecuencia de un uso injustificado y excesivo de la fuerza. También acusa a funcionarios de la administración Trump de negligencia y de participar en acciones que habrían vulnerado los derechos civiles de Good y de otras personas en Mineápolis.
Entre los funcionarios señalados en la segunda demanda se encuentran Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca; Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional; Gregory Bovino, excomandante de la Patrulla Fronteriza; y otros funcionarios relacionados con la operación migratoria.
La demanda presentada contra el gobierno se basa en la legislación federal que permite reclamar por determinadas conductas de empleados gubernamentales. La segunda busca responsabilizar individualmente al agente Ross y a funcionarios por presuntas violaciones constitucionales y solicita que el caso sea llevado ante un jurado.
El caso ha generado una disputa sobre las circunstancias exactas del tiroteo. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la actuación de los agentes y la ha descrito como un uso justificado de la fuerza, los videos y otros testimonios citados por medios estadunidenses han cuestionado la versión oficial sobre lo ocurrido antes de los disparos.
Tras la muerte de Good, autoridades federales inicialmente calificaron sus acciones como un supuesto acto de terrorismo doméstico. La familia y sus abogados rechazan esa caracterización y sostienen que Good no representaba una amenaza que justificara el uso de fuerza letal.
El tiroteo ocurrió en medio de una amplia operación de agentes migratorios en Minnesota. Semanas después, otro ciudadano estadunidense, Alex Pretti, murió por disparos de agentes federales en Mineápolis, en un caso que también provocó cuestionamientos sobre las actuaciones de las autoridades migratorias.
Las demandas de la familia de Good representan una de las primeras acciones civiles de gran alcance contra funcionarios y agentes relacionados con la ofensiva migratoria desplegada en Minnesota durante el segundo mandato de Trump. La familia busca una compensación económica y que un tribunal determine las responsabilidades derivadas de la muerte de Renee Good.
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