Colectivos cuestionan la independencia y metodología de la nueva revisión y piden evitar que se reduzcan las cifras oficiales
Familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda exigieron transparencia en la nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como claridad sobre los criterios y la metodología que utilizará el grupo encargado de esta tarea.
A través de una carta firmada por decenas de colectivos, familiares y personas solidarias, los firmantes cuestionaron la independencia de quienes realizarán la revisión, debido a que fueron designados por las mismas autoridades cuyo trabajo deberán evaluar.
Los familiares solicitaron conocer los objetivos, las funciones y los alcances del grupo, además de los plazos establecidos y los mecanismos para supervisar sus actividades. También pidieron que la metodología se haga pública antes de aplicarse.
La misiva recuerda que en marzo pasado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizó una revisión similar sin transparentar sus procedimientos, lo que generó controversia por el manejo de las cifras oficiales y la incorporación de nuevas categorías en el registro.
Los colectivos advirtieron que la revisión no debe convertirse en un mecanismo para disminuir las cifras de desapariciones ni invisibilizar a las víctimas. Señalaron que los cambios en el registro afectan a las familias que continúan buscando a sus seres queridos y aumentan el desgaste que enfrentan durante sus procesos de búsqueda.
Asimismo, cuestionaron que entre las personas expertas designadas haya especialistas en inteligencia artificial, estadística y políticas públicas, pero no se haya incluido a familiares de personas desaparecidas, quienes consideran fundamental su experiencia para identificar las deficiencias del registro.
La petición ocurre en el contexto de la presentación del informe sobre México del Comité contra las Desapariciones Forzadas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los firmantes insistieron en que cualquier modificación debe realizarse con independencia, criterios públicos y participación de las familias.
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