La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación contra Emilio Rafael “N” por tentativa de homicidio; el juez impuso prisión preventiva justificada y amplió el plazo constitucional para resolver su situación jurídica.
Agua Prieta, Sonora, .– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Emilio Rafael “N”, señalado como probable responsable del delito de tentativa de homicidio, por hechos ocurridos en esta ciudad fronteriza. Como resultado de la audiencia inicial, el Juez de Control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y conceder la ampliación del término constitucional, a fin de resolver la vinculación a proceso conforme a los plazos que establece la ley.
De acuerdo con la información presentada por el Ministerio Público, los hechos que dieron origen a la investigación se registraron el 10 de marzo de 2025, cuando el imputado presuntamente circulaba a bordo de un vehículo Chevrolet Malibú modelo 2010, color gris, en sentido contrario sobre la calle 20, entre las avenidas 2 Industrial y 3 Industrial, en la colonia Nueva de Agua Prieta. En ese lugar, según la carpeta de investigación, el hoy imputado habría sorprendido a la víctima y, sin mediar palabra, realizó una agresión directa utilizando un arma de fuego.
Durante la exposición de los datos de prueba, la Fiscalía detalló que el imputado presuntamente accionó el arma en al menos cinco ocasiones, lo que derivó en tres lesiones por proyectil de arma de fuego en contra de la víctima. La primera lesión se localizó en el tórax anterior, presentando orificio de entrada y salida; la segunda en el antebrazo izquierdo, donde se registró fractura de cúbito y radio, con exposición ósea; y la tercera en la cara interna de la rodilla izquierda. Estos elementos fueron documentados y sustentados mediante dictámenes periciales y reportes médicos integrados a la investigación.
Las lesiones fueron valoradas por personal médico especializado como aquellas que tardan más de quince días en sanar y que, si bien al momento de la evaluación no pusieron en riesgo la vida del afectado, sí dejaron secuelas relevantes, entre ellas cicatrices permanentes y afectaciones funcionales. La Fiscalía subrayó que este tipo de daños vulneran de manera directa el bien jurídico tutelado de la salud, además de evidenciar la intención de causar un daño grave, lo cual sustenta la clasificación jurídica del delito de tentativa de homicidio.
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En el desarrollo de la audiencia, el agente del Ministerio Público argumentó la necesidad de imponer la prisión preventiva justificada, al considerar el riesgo de sustracción del imputado, la gravedad del delito imputado y la necesidad de salvaguardar la integridad de la víctima, así como de garantizar el adecuado desarrollo del proceso penal. Tras analizar los argumentos de las partes, el Juez de Control resolvió imponer dicha medida cautelar, ordenando el internamiento del imputado en un centro de reclusión mientras se define su situación jurídica.
Asimismo, la autoridad judicial concedió la ampliación del término constitucional, lo que permitirá a las partes contar con mayor tiempo para el análisis de los datos de prueba y la preparación de sus argumentos antes de que se determine la vinculación a proceso. Esta decisión se encuentra prevista en el marco legal vigente y busca asegurar el respeto al debido proceso, así como el equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado.
La FGJES informó que la investigación se desarrolló a partir de labores técnicas de análisis, recopilación de testimonios, dictámenes periciales y la integración de diversos elementos probatorios que permitieron establecer la probable participación del imputado en los hechos. La institución destacó que el trabajo coordinado de las áreas ministeriales, periciales y de investigación criminal fue determinante para presentar un caso sólido ante la autoridad judicial.
En su posicionamiento oficial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su compromiso de investigar y perseguir con rigor técnico los delitos de alto impacto, particularmente aquellos que atentan contra la vida y la integridad de las personas. Asimismo, subrayó que cada actuación se realiza con apego irrestricto a la legalidad, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y el respeto pleno a los derechos humanos y al debido proceso.
Finalmente, la FGJES señaló que continuará informando, en el marco de la ley, sobre los avances relevantes del caso, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo, recordando que la colaboración social es un elemento clave para fortalecer la procuración de justicia y la seguridad en el estado de Sonora.
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