FGJES obtuvo fallo condenatorio de cuatro años de prisión y seis días en contra de Gerardo Arnoldo “N”, de 37 años de edad, al acreditarse su plena responsabilidad penal por los delitos de robo de noche en casa habitada al momento de su comisión en grado de tentativa y lesiones que tardan más de quince días en sanar y no ponen en peligro la vida, calificadas con ventaja, cometidos en perjuicio de Alán Eduardo “N”, de 32 años, hechos registrados en Hermosillo.
Las investigaciones establecieron que aproximadamente a las 23:30 horas del 6 de agosto de 2023 en la colonia Real del Cardo, el hoy sentenciado se introdujo sin autorización al área del techo de una vivienda habitada, donde realizó actos encaminados al apoderamiento de un condensador de aire acondicionado tipo minisplit instalado en el inmueble.
La conducta delictiva fue interrumpida cuando la víctima lo sorprendió en el lugar de los hechos, impidiendo que consumara el apoderamiento del bien; no obstante, las acciones desplegadas por el acusado constituyeron actos ejecutivos inequívocos dirigidos a consumar el ilícito, razón por la cual se configuró el delito de robo en grado de tentativa.
Momentos después, cuando la víctima acudió al domicilio del hoy sentenciado para reclamarle por lo sucedido, éste reaccionó de manera violenta y la agredió físicamente utilizando sus puños y unas pinzas, provocándole múltiples lesiones.
Los dictámenes periciales incorporados al proceso acreditaron que dichas lesiones tardaron más de quince días en sanar, no pusieron en peligro la vida de la víctima y dejaron secuelas permanentes, circunstancias que permitieron su clasificación jurídica como lesiones calificadas con ventaja.
Tras valorar el cúmulo probatorio presentado por esta representación social, el Juez emitió fallo condenatorio por ambos delitos e impuso una pena de cuatro años de prisión y seis días por ambos delitos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso de investigar y perseguir con rigor jurídico los delitos que atenten contra el patrimonio, la integridad física y la seguridad de las personas, garantizando el acceso a la justicia y el combate a la impunidad mediante actuaciones profesionales y apegadas al Estado de Derecho.
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