Fiscalía de Bolivia emite orden de aprehensión contra Evo Morales

La fiscalía boliviana anunció este jueves que emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) como parte de una investigación en la que se le acusa de trata de personas y estupro, supuestamente relacionados con una menor de edad con quien habría tenido un hijo.

Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, la región sureña donde se investiga el caso, confirmó la medida al señalar que Morales no se presentó a declarar a pesar de haber sido notificado. “Lo que corresponde es sacar el mandamiento de aprehensión, ya que ellos han sido debidamente notificados sin vulneración de sus derechos,” afirmó la fiscal.

Denuncias y acusaciones
La denuncia que está siendo investigada acusa a Morales de haber mantenido una relación con una menor que formaba parte del grupo juvenil “Generación Evo”, una organización creada durante su mandato presidencial. Según las investigaciones, el exmandatario habría cometido los delitos de trata de personas y estupro.

Morales fue citado a declarar en Tarija, pero su defensa presentó un recurso argumentando que el caso debe trasladarse a Cochabamba, región central donde reside el líder del Movimiento al Socialismo (MAS). Morales sostiene que existe una sentencia constitucional que establece esta jurisdicción, motivo por el cual no asistió a la citación.

Además de Morales, otras dos personas vinculadas al caso también han sido llamadas a declarar, pero tampoco se presentaron ante la Fiscalía. “Para los tres será la misma situación legal, ya que no han justificado su incomparecencia,” señaló Gutiérrez.

Reacciones y consecuencias
El caso ha generado una gran controversia en Bolivia. Grupos sociales afines a Morales han advertido que, si se emite la orden de aprehensión, comenzarán un bloqueo nacional de caminos en protesta. Mientras tanto, el expresidente ha declarado que se defenderá de lo que considera una “batalla jurídica” y “persecución política,” asegurando que más de 200 abogados se han ofrecido para defenderlo de manera gratuita.

El Grupo de Puebla, un foro político latinoamericano de izquierda, también expresó su preocupación por lo que describen como una “campaña de lawfare” o judicialización política en contra de Morales. La denuncia contra el exmandatario fue presentada el 26 de septiembre, pocos días después de que liderara una caminata en La Paz en la que exigía, entre otras demandas, la validación de un congreso partidario donde fue nombrado “candidato único” del MAS para las elecciones presidenciales de 2025.

Morales, quien mantiene un distanciamiento con el actual gobierno de Luis Arce, sigue siendo una figura clave en el escenario político boliviano, pero las acusaciones y la posible aprehensión abren un nuevo capítulo en su ya controvertida carrera.