Fiscales consideran que existe un riesgo de fuga extremo y solicitaron al juez rechazar la petición de la defensa
La Fiscalía de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien pidió ser trasladada a una residencia privada en Nueva York para permanecer bajo arresto domiciliario.
En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez rechazar la petición de la defensa y argumentaron que Flores representa un riesgo de fuga que calificaron como “extremo”, además de señalar un supuesto peligro para el público.
La Fiscalía sostuvo que ninguna modalidad de fianza garantizaría adecuadamente que Flores se presente ante los tribunales. Entre los argumentos expuestos se encuentran sus recursos económicos, conexiones internacionales y la gravedad de los cargos que enfrenta junto con Maduro.
Los fiscales también señalaron que el entorno de Flores podría mantener capacidad para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en otros países, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos presentados por el Gobierno estadounidense ante el tribunal.
La defensa de Flores, de 69 años, había solicitado a principios de septiembre que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a arresto domiciliario. La propuesta contempla vigilancia armada las 24 horas, una pulsera de localización, restricciones para recibir visitas y la intervención de sus llamadas telefónicas.
Flores argumenta que necesita recibir un tratamiento especializado para una afección cardiaca y que el centro penitenciario federal donde permanece detenida no cuenta con las condiciones necesarias para su recuperación.
De acuerdo con la información presentada ante el tribunal, Flores permanece bajo custodia federal desde el 3 de enero, cuando fue detenida junto con Maduro durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses.
El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos relacionados con conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, dentro de una acusación que los vincula con una presunta trama de narcoterrorismo y corrupción.
En caso de ser declarada culpable, Flores enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, de acuerdo con la acusación citada por López-Dóriga.
La decisión sobre la solicitud de libertad bajo fianza corresponde ahora al juez encargado del caso, quien deberá valorar los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa.
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