Letitia James fue designada fiscal especial para revisar el caso de una estudiante que denunció una agresión sexual ocurrida en 2024
Nueva York. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, asumirá como fiscal especial la investigación sobre las acusaciones de agresión sexual presentadas por una estudiante de la Universidad de Cornell, luego de que la gobernadora Kathy Hochul cuestionara el manejo inicial del caso por parte de las autoridades locales.
Hochul anunció la designación después de señalar que información conocida recientemente generó dudas sobre la investigación realizada por la policía de Cornell y sobre la decisión de la Fiscalía del condado de Tompkins de no presentar cargos tras la denuncia inicial.
La investigación se remonta a octubre de 2024. La entonces estudiante, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, declaró posteriormente ante la policía del campus que había sido agredida sexualmente en una vivienda de la fraternidad Chi Phi. El caso fue cerrado inicialmente sin cargos.
La joven presentó en septiembre una demanda civil contra siete integrantes de la fraternidad, Cornell, Chi Phi y otras personas. En la demanda sostiene que fue drogada y consumió alcohol antes de quedar parcial o totalmente incapacitada, y que posteriormente varios hombres realizaron actos sexuales contra ella. Las acusaciones forman parte de un proceso civil y los señalados han negado haber participado en una agresión sexual.
El caso volvió a tomar relevancia después de que documentos y reportes recientes revelaran diferencias entre el testimonio que la joven proporcionó a la policía y la información que posteriormente fue entregada a los fiscales.
De acuerdo con los reportes, la mujer habló durante horas con investigadores de la policía de Cornell y manifestó que consideraba que había sido violada. Sin embargo, esa parte de su declaración no habría aparecido en el informe que los agentes entregaron a la Fiscalía del condado de Tompkins.
El fiscal de distrito Matthew Van Houten había cerrado inicialmente la investigación al considerar que no existían pruebas suficientes para presentar cargos. Después de que la mujer interpuso la demanda civil y surgieran nuevos cuestionamientos sobre el expediente, su oficina anunció que reabriría el caso y analizaría nuevamente las acusaciones.
Hochul decidió retirar el caso de la jurisdicción del fiscal local y encomendarlo a la oficina de James. La gobernadora señaló que perdió confianza en la capacidad de la Fiscalía del condado de Tompkins para llevar adelante la investigación, mientras que la fiscal general afirmó que revisará los hechos, reunirá pruebas y entrevistará a testigos para determinar si corresponde presentar cargos.
James advirtió que la investigación podría tomar tiempo y aseguró que su oficina no se apresurará para llegar a conclusiones. También indicó que, si las pruebas lo justifican, se impulsarán procesos penales y se presentarán los elementos correspondientes ante un gran jurado.
Paralelamente, Cornell anunció una revisión independiente sobre la manera en que la universidad respondió a las acusaciones. La institución había realizado previamente una investigación interna que derivó en sanciones contra integrantes de la fraternidad, incluidas expulsiones y suspensiones, además del cierre del capítulo de Chi Phi en el campus.
El caso también ha generado cuestionamientos sobre las normas de Nueva York relacionadas con agresiones sexuales cuando la persona denunciante se encontraba bajo los efectos del alcohol o drogas. Hochul respaldó cambios legislativos para facilitar la persecución de casos en los que una persona se encuentra demasiado intoxicada para otorgar consentimiento.
La nueva investigación determinará si existen elementos suficientes para presentar cargos penales y permitirá revisar de manera independiente las actuaciones realizadas por la policía universitaria y la Fiscalía local durante la investigación inicial.
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