Un adolescente de 15 años perdió una mano por la explosión de una granada aturdidora y otro de 14 sufrió fracturas faciales; las movilizaciones continúan por las condiciones educativas
Las autoridades francesas abrieron 24 investigaciones por presuntos casos de brutalidad policial durante las protestas estudiantiles que se han extendido por el país desde finales de septiembre. Las pesquisas buscan esclarecer las circunstancias en las que varios jóvenes resultaron heridos durante los operativos de las fuerzas de seguridad, mientras continúan los bloqueos en centros educativos de París y otras ciudades.
La investigación está a cargo de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), organismo responsable de examinar posibles irregularidades cometidas por agentes. La apertura de los expedientes se produjo después de varios incidentes que provocaron indignación, particularmente por las lesiones graves sufridas por dos adolescentes durante intervenciones policiales.
Uno de los casos corresponde a un estudiante de 15 años que perdió una mano tras la explosión de una granada aturdidora durante una intervención en la ciudad de Lens. A raíz del incidente, las autoridades francesas suspendieron temporalmente el uso de estos artefactos mientras se revisan las circunstancias de lo ocurrido.
Otro caso involucra a Eden, un adolescente de 14 años que sufrió una fractura de mandíbula y la pérdida de varias piezas dentales después de recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno en el rostro durante una protesta en Saint-Ouen-l’Aumône. Su familia presentó una denuncia contra el agente involucrado, mientras la investigación busca determinar las responsabilidades correspondientes.
Los incidentes han intensificado las críticas contra las tácticas policiales empleadas para contener las movilizaciones, especialmente por el uso de proyectiles de goma, granadas y otros dispositivos considerados menos letales. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido sobre los riesgos de estas armas y la necesidad de garantizar que el uso de la fuerza sea proporcional.
De acuerdo con el balance de las autoridades francesas, desde el inicio de las protestas se han registrado 6 mil 877 detenciones en todo el país. El 86 por ciento de las personas detenidas son menores de edad, mientras que 21 personas, entre ellas seis adolescentes, permanecían bajo custodia a la espera de procedimientos judiciales.
Las movilizaciones estudiantiles comenzaron a finales de septiembre y se han extendido durante varias semanas. Entre las principales demandas figuran la contratación de más docentes, la cobertura de las ausencias del profesorado, la mejora de las instalaciones escolares y la revisión de los horarios, que los estudiantes consideran excesivamente prolongados.
Los jóvenes también han expresado inconformidad con las condiciones de aprendizaje y el sistema de acceso a la educación superior, conocido como Parcoursup, al que consideran poco transparente. Las protestas han incluido manifestaciones callejeras, bloqueos de liceos y enfrentamientos con agentes antidisturbios.
Ante la presión por la falta de profesores, el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, anunció que se están asignando 3 mil 24 docentes suplentes a los centros educativos con mayores dificultades y que se contratará a varios cientos adicionales. El funcionario también reconoció que más de un centenar de trabajadores del sistema educativo resultaron heridos durante los episodios de violencia relacionados con las movilizaciones.
Las autoridades han señalado que los operativos buscan mantener el orden público y proteger a estudiantes, docentes y agentes. Sin embargo, las denuncias por lesiones graves han reavivado el debate sobre los métodos empleados para controlar las manifestaciones y los mecanismos para investigar posibles abusos.
La situación mantiene bajo presión al Gobierno francés, mientras organizaciones estudiantiles y sindicales preparan nuevas movilizaciones para exigir medidas concretas que atiendan las deficiencias del sistema educativo. Las investigaciones policiales continuarán para determinar las circunstancias de los incidentes y establecer si existen responsabilidades penales o administrativas.
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