García Harfuch exhibe a jueces por liberar a presuntos delincuentes: “Han favorecido a quienes agreden a la sociedad”
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, denunció públicamente este miércoles que jueces en México han emitido resoluciones que han permitido que más de un centenar de presuntos delincuentes regresen a las calles, en decisiones que calificó de “alarmantes” y contrarias a los principios de justicia.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, García Harfuch reveló que se tienen registradas 193 determinaciones judiciales —incluyendo cambios de medidas cautelares, traslados y liberaciones definitivas— que han beneficiado a personas señaladas por delitos graves.
“Se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa que más de 100 delincuentes regresaron a las calles”, acusó el funcionario.
Entre las decisiones, también destacó 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin cumplir con las formalidades legales, a pesar de que el área de Prevención y Reinserción Social de la SSPC había determinado que no eran viables. Muchos de los beneficiarios enfrentaban cargos por secuestro, homicidio y portación de armas exclusivas del Ejército.
“Es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”, sostuvo García Harfuch.
Uno de los casos más graves señalados por el titular de la SSPC fue el del presunto líder de los Zetas, Miguel Ángel “N”, cuya extradición a Estados Unidos ha sido bloqueada en más de 79 ocasiones por siete jueces distintos, pese a enfrentar cargos por delitos como asociación delictuosa, narcotráfico, lavado de dinero e introducción ilegal de armas.
García Harfuch también nombró directamente al juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en el Estado de México, a quien acusó de otorgar beneficios judiciales a Gerardo Pince Alanís, supuesto operador del Cártel del Pacífico, y a el “Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.
La denuncia ocurre en el marco del proceso rumbo a la primera elección popular del Poder Judicial en México, en la que 99.7 millones de votantes están llamados a elegir 881 cargos judiciales de entre 3,422 candidatos, incluidos puestos en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
Este proceso, cuyas campañas comenzaron el 30 de marzo y concluyen el 28 de mayo, ha sido fuertemente cuestionado por la oposición, organismos internacionales como la ONU, jueces en funciones y organizaciones civiles, que han alertado sobre el riesgo de intromisión del Poder Ejecutivo y del crimen organizado en el sistema judicial mexicano.
