Gertz Manero aclara que 29 reos fueron entregados a EE. UU. por razones de seguridad, no extraditados
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró este viernes que los 29 reos, entre ellos el narcotraficante Rafael Caro Quintero, que fueron trasladados a Estados Unidos no fueron extraditados, sino entregados por razones de seguridad nacional. La decisión, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, responde a una solicitud del gobierno estadounidense.
Gertz Manero explicó que el traslado de los reos se realizó en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y del artículo 89 de la Constitución mexicana. “Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los EE.UU. en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta”, explicó el fiscal.
El funcionario subrayó que no corresponde al Gobierno de México determinar las penas a las que podrían ser acreedores, recordando que las sentencias son impuestas exclusivamente por los jueces. Esta aclaración llega después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. advirtiera que seis de los reos mexicanos podrían enfrentar la pena de muerte.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que los 29 reos eran requeridos en Estados Unidos por delitos de alto impacto, como delincuencia organizada, trasiego de drogas, homicidio, tráfico de armas y secuestro, entre otros.
García Harfuch indicó que el traslado fue resultado de una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad, debido a la información de que algunos de los reclusos podrían haber sido liberados o que se podría retrasar su proceso de extradición.
El secretario enfatizó que la medida forma parte de la política de seguridad del Gobierno de México y respondió a un acto de autoridad sin precedentes. “Con estos elementos y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto, representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos”, dijo.
La acción, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), fue tomada para evitar que los reclusos pudieran continuar con sus actividades delictivas o retrasar los procedimientos judiciales pendientes en EE. UU.
