Gobierno de México destaca peligros de los vapeadores y anuncia medidas regulatorias
La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con la protección de la salud pública al anunciar que las sanciones por la prohibición del uso y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México se definirán mediante reglamentación secundaria.
Desde el Palacio Nacional, Sheinbaum destacó la gravedad de las sustancias químicas presentes en estos dispositivos, según estudios recientes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
“Es un mensaje muy claro para los jóvenes y adolescentes. Aunque parezca que el efecto es menor que el cigarro convencional, estos productos contienen sustancias que causan muchísimo daño a la salud,” subrayó la mandataria.
El anuncio se enmarca en la reciente aprobación en el Senado de una reforma constitucional que prohíbe la producción, venta y uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos, precursores químicos y drogas sintéticas como el fentanilo ilegal.
Cofepris alerta sobre riesgos
Durante la conferencia, Armida Zúñiga, directora de Cofepris, reveló que se han identificado más de 30 sustancias químicas peligrosas en los vapeadores, incluyendo benceno, tolueno y formaldehído, conocidas por causar daños graves a órganos vitales, enfermedades respiratorias, dependencia y cáncer.
“En el proceso de combustión, la cantidad de compuestos tóxicos aumenta hasta alcanzar 167 sustancias,” detalló Zúñiga, respaldada por organismos internacionales que califican a los vapeadores como “puertas de entrada” a otras adicciones.
Hasta la fecha, más de 35,000 dispositivos han sido decomisados en operativos sanitarios, y Cofepris continuará con estudios y vigilancia para proteger especialmente a los jóvenes, considerados el sector más vulnerable.
Regulación como política de salud
Sheinbaum anunció que las bases de las sanciones se establecerán en la reglamentación secundaria de la reforma, la cual también permitirá coordinar acciones entre diversas instituciones.
Con esta reforma, México busca consolidar una política pública que priorice la prevención de enfermedades relacionadas con el uso de vapeadores, así como la regulación estricta de sustancias nocivas, en un esfuerzo conjunto por proteger la salud de la población.
