El gobierno del presidente Donald Trump inició un proceso de expropiación de tierras privadas en la ribera del río Grande, en Texas, para construir una nueva sección del muro fronterizo con México.
Al menos 60 propietarios recibieron notificaciones oficiales que les ofrecen compensación, alternativas de negociación o la amenaza de perder sus terrenos si no aceptan, en medio de protestas de residentes y activistas.
El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, comenzó a notificar a propietarios de viviendas y terrenos cercanos al río Grande sobre un plan de expropiación masiva de tierras para construir una nueva sección del muro fronterizo con México, en el marco de su política de reforzamiento de la frontera sur.
En comunidades como Laredo y sus alrededores, al menos 60 propietarios recibieron cartas oficiales que señalan que sus terrenos están dentro de la ruta planeada para la infraestructura fronteriza. Las notificaciones ofrecen tres opciones: aceptar una compensación económica, negociar la venta o servidumbre de la propiedad, o enfrentar la expropiación forzosa si no se llega a un acuerdo con el gobierno.
Vecinos afectados relatan que algunas cartas indican plazos muy cortos para responder y advierten que el muro podría atravesar jardines, parques e incluso zonas públicas. Habitantes como Nayda Álvarez expresan su preocupación por perder sus casas o verlas parcialmente demolidas si no aceptan las propuestas del gobierno.
Organizaciones comunitarias y activistas han denunciado que se trata de una expropiación generalizada de tierras ribereñas, que afectará no solo viviendas sino también espacios públicos y el entorno natural de la frontera. Acusan que la justificación de seguridad no toma en cuenta el impacto social y ecológico del proyecto.
Autoridades federales sostienen que la construcción de infraestructura fronteriza —incluyendo muros, barreras y tecnología de detección— es necesaria para controlar la frontera y reducir el ingreso irregular de migrantes, en línea con las políticas migratorias del gobierno.
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