Gobierno de Trump recurrirá bloqueo judicial a política arancelaria ante la Corte Suprema de EE.UU.
El Gobierno del expresidente Donald Trump anunció este jueves que llevará al Tribunal Supremo el caso del bloqueo judicial a su política de aranceles, luego de que un tribunal federal declarara inconstitucional el uso presidencial de facultades extraordinarias para imponer gravámenes a países como Canadá, México y China.
En un documento presentado ante el Tribunal de Apelaciones, la administración republicana pidió una suspensión administrativa inmediata de la decisión judicial, advirtiendo que de no obtenerla, solicitará el viernes una medida de emergencia a la Corte Suprema.
“El Gobierno considera que la suspensión inmediata es necesaria para evitar un daño irreparable a la seguridad nacional y a la economía”, señala el escrito.
El revés judicial se dio el miércoles, cuando un panel de tres jueces de la Corte de Comercio Internacional falló que el mandatario excedió sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA), sin una autorización explícita del Congreso.
La resolución paralizó los aranceles anunciados el pasado 2 de abril —fecha que Trump llamó “Día de la Liberación”— y también los impuestos anteriormente a diversas naciones. El tribunal también prohibió modificaciones futuras a esos gravámenes y dio un plazo de 10 días al Ejecutivo para cumplir con su orden.
El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, expresó confianza en que la decisión judicial será revertida: “Esto no se sostendrá. Vamos a restaurar el derecho del presidente a defender nuestros intereses comerciales”.
Por su parte, Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, arremetió contra el fallo al calificarlo como una muestra de “tiranía judicial”. A través de su cuenta en X, afirmó que “el poder del Ejecutivo no puede ser pisoteado por jueces no electos”.
En la misma línea, Jason Miller, otro aliado del exmandatario, criticó en Fox Business a los jueces que, según dijo, “están tratando de imponer su propia voluntad sobre la política fiscal, comercial y económica del país”.
El fallo judicial representa uno de los mayores obstáculos legales hasta ahora para la estrategia comercial de Trump, que ha defendido los aranceles como un instrumento central de su política económica y de seguridad nacional. El caso podría definir los límites del poder presidencial en materia económica en un momento en que Trump se perfila como el principal candidato republicano para las elecciones de 2028.
